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La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en México
INVITA AL FORO
LAS BASES ESTADOUNIDENSES EN COLOMBIA Y SUS
CONSECUENCIAS PARA AMÉRICA LATINA
Participan
CALIXTO ORTEGA Y FRANCISCO TORREALBA
Diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela
TRINO ALCIDES DIAZ
Embajador
Viernes, 4 de septiembre, 4pm
Sede diplomática, Calle Schiller, 326, Polanco. Entre Horacio y Presidente Masaryk
Cerca del metro Polanco
Cd de México, MÉXICO
![[fecal.bmp]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEii0zdEdlrzSbOAleJIW1gpU2zzZ5ZBgO0pChRe311uJQHf2Uuacbc4cJ04tHqG0_UnO76meFpI5odlWtsYLnFnQKB72Y8BOALyscfUbbWJ6ozrdSYKkNqLiLAJSRwEAAHD4ooi1NXysZya/s1600/fecal.bmp)
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“Se le ve muy bien, lleno de ternura”, dice Correa de Fidel
Publicado el 29 Agosto 2009
Fidel junto al Presidente Rafael Correa, en La Habana. (Foto: Alex Castro)
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, envió hoy un inmenso abrazo a Fidel y Raúl Castro en su habitual cadena sabatina radio televisiva Enlace Ciudadano y condenó enérgicamente “el criminal bloqueo de Estados Unidos contra el pueblo cubano”.
“Estoy muy agradecido. Desde aquí un inmenso abrazo a Fidel, a Raúl, a todo el pueblo cubano y !Que viva Cuba! compañeros, Cuba Libre, aunque les duela a los de siempre”, dijo Correa al informar de su reciente viaje a la isla para atenderse problemas en su rodilla luego de varias operaciones anteriores.
Al referirse a la entrevista con el líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, dijo que “se le ve muy bien, lleno de ternura, amor, sabiduría, de experiencia, y conversamos sobre muchas cosas. Quiero decirles que ve con mucha expectativa e interés el proceso ecuatoriano”.
Con igual agradecimiento se refirió a la invitación hecha por el presidente Raúl Castro, quien lo recibió, “conversamos varias horas, nos invitó a almorzar y me enseñó donde vivía con su compañera inseparable, Vilma Espín, guerrillera, heroína de la Revolución cubana, quien murió hace dos años”.
“Evaluar el modelo cubano haciendo abstracción de más de 40 años de bloqueo económico y comercial de Estados Unidos es tan hipócrita, tan cínico como querer investigar la muerte de un ahogado encontrado en el fondo de una piscina con los pies metidos en un balde de cemento y llegar a la brillante conclusión de que se ahogó por no saber nadar”, ironizó.
“A eso equivale, enfatizó, hablar de Cuba sin hablar del bloqueo. Cuba ha resistido 50 años bloqueada por Estados Unidos. Les aseguro que ningún país de América Latina resiste cinco meses”.
“Y con la capacidad, el recurso humano que tienen y su cohesión social, les aseguro que cuando se levante ese absurdo bloqueo se va a disparar en Cuba una prosperidad enorme. Tienen inmensos problemas, nadie lo duda, de vivienda, que lo vimos, pero también tienen grandes logros”, estimó Correa.
“No son los Estados Unidos ni las oligarquías latinoamericanas quienes les van a decir a los cubanos cómo resolver sus problemas, pero den ese primer paso, agregó dirigiéndose a las autoridades de Washington, levanten ese criminal bloqueo, que les impide tener hasta medicinas, y cuesta cada tres días lo que cuesta toda la educación cubana”.
” íLevanten ese bloqueo!, enfatizó el mandatario ecuatoriano y verán como Cuba con sus recursos humanos y cohesión social se dispara como uno de los países más prósperos de América Latina y de las economías emergentes más prósperas”.
(Con información de Prensa Latina)El estallido que viene
Al deterioro económico se suma el político. Esta combinación es fatídica. Ante el desastre económico tendrían que abrirse las válvulas de escape del cambio político, como hizo Ernesto Zedillo en 1995. Si no se canaliza la inconformidad, los costos sociales se convertirán en un reclamo de cambio al que no pueden responder las instituciones también dañadas. El experimento democrático ha naufragado.
Calderón no tiene recursos, inteligencia ni oficio para ofrecer una salida política a esta crisis. Está atrapado entre los grandes sindicatos corruptos del pasado y el pequeño grupo de potentados que lo llevaron al poder y que no quieren renunciar a sus privilegios.
Podríamos temer que en 2010, o antes, los grupos armados que existen en las montañas del país lanzaran ataques secundados por parte importante de la población agraviada. Quizás se asociaran con las redes del narco que los utilizarían dándoles a cambio información, armas sofisticadas y dinero. Podría haber estallidos aislados, asaltos a los supermercados o a transportes con alimentos. También una insurrección urbana que pudiera bloquear carreteras y aeropuertos, en una especie de huelga general, hasta desquiciar el país. El estallido puede desencadenarse con un crimen, un error contumaz o muchos abusos provocadores. Por ejemplo, lo que están haciendo el PRI y el PAN en Iztapalapa para robarle el triunfo a Andrés Manuel.
¿Se podría conjurar el estallido? Sí, con un nuevo acuerdo entre los factores políticos. De ahí se derivará a un nuevo proyecto de nación. Pero, ¿cómo confiar en la derecha que no cumple sus ofertas ni negocia con honestidad? La derecha quiere la restauración de lo peor del PRI, con Salinas a la cabeza, porque considera agotada la opción panista. La única opción está en la organización popular que articule y dé cauce a la inconformidad y la exprese en términos pacíficos electorales. En ese sentido, la nación tiene una enorme deuda con el obradorismo. Es la única fuerza capaz de prevenir y desactivar el estallido que viene.
TEGUCIGALPA — Unos treinta hombres, mujeres y niños de la etnia lenca de Honduras son los guardianes de la embajada de Venezuela en Tegucigalpa, donde sólo un diplomático se mantiene desafiando la orden de expulsión que hace más de un mes emitió el gobierno de facto.
Armados sólo de sus razones y su lealtad al depuesto presidente Manuel Zelaya, los indígenas permanecen en la parte exterior de la residencia diplomática, sentados directamente sobre la acera o en rústicas esteras que amortiguan la dureza del piso.
Bajo un toldo, una mesa con utensilios de cocina evidencia que allí mismo se preparan y consumen los alimentos, para no tener que abandonar la vigilia en ningún momento.
"Estamos aquí por solidaridad con el pueblo venezolano, porque este gobierno golpista (de Roberto Micheletti) quiere expulsar a los compañeros (diplomáticos)", explica a la AFP Juan Vásquez, que actúa de improvisado vocero del grupo.
En realidad, en el interior de la embajada sólo se encuentra el encargado de negocios Ariel Vargas, luego de que el 21 de julio, el régimen de facto ordenara la salida de todo el personal diplomático venezolano de Honduras, en represalia por las críticas del presidente Hugo Chávez al golpe de Estado.
Caracas mantiene a Vargas al frente de la legación para hacer patente que no reconoce al gobierno de Micheletti.
"Y nos solidarizamos con ellos porque nunca nadie se había solidarizado con nosotros los lencas como Venezuela, a través del ALBA", explica Vásquez.
Por primera vez ha llegado a las comunidades lencas que habitan la zona occidental de Honduras -Lempira, La Paz, Santa Bárbara y Comayagua- una asistencia médica totalmente gratuita y de calidad.
"Los médicos venezolanos y cubanos, que forman parte del programa Operación Milagro han curado a muchas personas y a otros que lo han necesitado los enviaron a operarse a Cuba o a Venezuela", afirma Vásquez.
"Otro logro -agrega- es el Programa Yo sí puedo, que ha ayudado a alfabetizarse a muchos lencas que no sabían escribir ni leer".
"Cuando el huracán Mitch" que devastó a Honduras en 1998, "fueron ellos los primeros que llegaron a la zona para ayudarnos", recuerda el activista.
Estos son algunos de los programas que el gobierno de Venezuela financió en Honduras, tras el ingreso de este país centroamericano a la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA) hace exactamente un año, bajo el gobierno de Manuel Zelaya.
Los lencas quieren el regreso de su presidente, el que dicen que más se ha preocupado por ellos, y están convencidos que más tarde o más temprano regresará.
Los presidentes de las 12 naciones suramericanas se reunirán en pocas horas más en Bariloche. Una porción ínfima de la ciudadanía conoce la trascendencia del tema a debatir en esta reunión de emergencia.
Hay motivos para la ignorancia. La historia registrará la conducta en esta coyuntura de políticos, analistas y medios de comunicación, como un caso sobresaliente de irresponsabilidad y enajenación. Arrastrados por intereses inmediatos, el grueso de ellos o bien ha guardado silencio, o bien se ha prestado a burdas maniobras diversionistas que ocultan la magnitud del problema: Estados Unidos avanza por el camino de la guerra en América Latina y el Caribe.
Ya no es un mandatario brutal quien habita la Casa Blanca. Ya no gobierna en Estados Unidos el partido identificado públicamente con el complejo militar-industrial. Pero Washington amenaza sistemática, inexorablemente, con la guerra en nuestros países. Eso es la reactivación de la IV Flota de la US Navy en las aguas del Caribe. Eso es el golpe de Estado en Honduras. Eso es la instalación de siete bases militares en Colombia. De modo que queda claro: la dinámica belicista en la que Estados Unidos ha embarcado al mundo en los últimos años, con aceleración irracional desde fines de 2001, no tiene como motor a tal o cual presidente, sino a la crisis estructural del sistema, que les estalló en las manos un año atrás. Queda claro que el capitalismo imperialista nos lleva a la guerra.
De esto se discutirá en Bariloche. El resultado dependerá de la posición que adopten gobernantes hasta ahora indefinidos, ambiguos. Los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador ya se han expedido sin rodeos exigiendo que Unasur se pronuncie contra la instalación de las bases en Colombia. Los de Perú y, naturalmente, Colombia, siguen el dictado de Washington. Los restantes navegan en el estrecho espacio de la complicidad, la perplejidad y el temor. Excepto en los tres primeros países mencionados, la ciudadanía no ha sido informada por sus gobernantes; tanto menos convocada a analizar y debatir tamaña encrucijada histórica. Ése ya es un dato por demás elocuente acerca de convicciones y metodologías de quienes ocupan los más altos cargos. Dicho sea de paso, la elección de una pequeña ciudad del extremo austral argentino, repite la táctica de otras cumbres que huyen de lugares poblados y de fácil acceso para impedir la participación ciudadana. Cabe temer que las sesiones de debate no sean televisadas siquiera para los periodistas acreditados. Si así ocurriera, el escamoteo sería total. Y el crimen perfecto.
Por eso cobra especial relevancia una propuesta lanzada como piedra de David por el presidente boliviano Evo Morales: “¿por qué no ir a un referendo en Suramérica?”, propuso ante una concentración de pobladores de Coipasa, en el sur andino boliviano. El argumento es llano: “que los pueblos digan sí o no; que el pueblo decida y no que el imperio imponga sobre las bases militares”.
Se trata de una reivindicación estrictamente democrática, que nadie comprometido con el republicanismo y los propósitos de Unasur podría negar: ¿cómo en una Unión de Naciones se podría admitir que un gobierno ceda el territorio de su país para la instalación de bases militares extranjeras, tanto menos estadounidenses? ¿cómo oponerse a una resolución democrática de la ciudadanía involucrada?
Una de las incógnitas que quedará aclarada en Bariloche, por tanto, es si los participantes de esa gran conquista histórica que es Unasur conciben efectivamente una unión suramericana. La otra, dirá acerca del compromiso de cada quién con la democracia allí donde ésta cuenta.
Quedará dirimido igualmente, positiva o negativamente, un tercer aspecto clave de la coyuntura histórica: el alineamiento geopolítico y estratégico de cada gobierno. Los tiempos de la demagogia y la prestidigitación se han agotado. Nadie podrá hablar de paz, crecimiento, democracia, soberanía y justicia, si no suma su voz a la de quienes condenan las bases en Colombia, el golpe de Estado en Honduras y la descontrolada agresividad mediática del imperialismo con todo su dispositivo hemisférico, pero además de condenar verbalmente, toma medidas efectivas para impedir esta carrera hacia el abismo.
Los y las presidentes de Unasur deben asumir una responsabilidad que no admite dilación ni subterfugios. Pero allí no acaban las exigencias de la hora: partidos, sindicatos, organizaciones sociales de todo género y dimensión, periodistas, intelectuales, estudiantes, trabajadores, tenemos la obligación de observar con lupa lo que ocurra en Bariloche, transmitirlo a cientos de millones de compatriotas, acompañar a los gobiernos que salgan en defensa de sus pueblos y, desde las raíces mismas de la sociedad, con la participación de todos, llevar a cabo la gran tarea de unión suramericana, con prescindencia de los gobiernos que defeccionen en esta hora crucial.
- Luis Bilbao es Director de América XXI. Estará presente en la cumbre de Bariloche y en las manifestaciones programadas para condenar las bases estadounidenses en Colombia
http://alainet.org/active/
Lo que resta de 2009 seguirán percibiendo más de $340 mil mensuales, incluidas prestaciones
Su ingreso es casi igual al de Barack Obama
La reforma constitucional entró en vigor el martes
Se ordena que ningún funcionario deberá ganar más que el Presidente de la República
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y magistrados electorales del Poder Judicial de la Federación (PJF), quienes perciben al mes más de 340 mil pesos, entre salario y prestaciones, casi igual a lo que recibe el presidente de Estados Unidos, Barack Obama (32 mil dólares mensuales), seguirán ganando lo mismo en lo que resta de este año, pese a la entrada en vigor, el pasado martes, de la reforma constitucional que adiciona a la Carta Magna la denominada ley de salarios máximos, misma que ordena que ningún funcionario deberá ganar más que el Presidente de México.
Incluso, durante los próximos cinco meses el Poder Judicial tampoco reducirá salarios ni eliminará bonos de productividad y otras prestaciones para magistrados, jueces y funcionarios de menor jerarquía, que en algunos de los casos lleva sus emolumentos por arriba de lo que percibe el presidente Felipe Calderón (unos 150 mil pesos al mes).
Lo anterior es así porque el decreto de reforma el artículo 127 de la Constitución (publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado lunes), que fija los nuevos topes salariales de los servidores públicos, incluyó varias normas transitorias que especifican que el Poder Legislativo cuenta con 180 días hábiles para emitir leyes adjetivas que especifiquen cómo se deben aplicar las nuevas reglas sobre salarios de los servidores públicos.
De hecho, si antes de noviembre próximo los diputados federales no tienen lista la legislación secundaria en esa materia, los dos nuevos ministros que habrán de sustituir a Genaro David Góngora Pimentel y a Mariano Azuela en la Suprema Corte ganarán lo mismo que hoy perciben sus demás compañeros del máximo tribunal del país, según explicó anoche en entrevista con La Jornada el constitucionalista Elisur Arteaga Nava.
En ese contexto, el martes pasado el consejero de la Judicatura Federal Jorge Moreno Collado y la presidenta del TEPJF, María del Carmen Alanís, entrevistados al término de la inauguración de las actividades del bicentenario en las instalaciones de la Corte, coincidieron en señalar que el PJF no bajará los sueldos y prestaciones de sus funcionarios sino hasta que se apruebe una ley complementaria a la ley de salarios máximos que regule al Poder Judicial.
No es que así lo ordenemos nosotros, sino que así quedó estipulado en la (reciente) reforma constitucional sobre los salarios de los funcionarios
, explicó Moreno Collado.
En ese sentido, la fracción segunda del artículo 127 de la Constitución (cuya reforma entró en vigor hace dos días) ordena que ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente
.
Sin embargo, el tercer transitorio del mismo artículo especifica: “A partir del ejercicio fiscal del año siguiente a aquél en que haya entrado en vigor el presente decreto, las percepciones de los ministros de la SCJN, los magistrados del TEPJF, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, los consejeros de la Judicatura Federal, los integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral y los magistrados y jueces de los poderes judiciales estatales que actualmente estén en funciones, se sujetarán a lo siguiente:
“a) Las retribuciones nominales señaladas en los presupuestos vigentes superiores al monto máximo previsto en la base II del artículo 127 de la Constitución, se mantendrán durante el tiempo que dure su encargo.
b) Las remuneraciones adicionales a las nominales, tales como gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones, y cualquier remuneración en dinero o especie, sólo se podrán mantener en la medida en que la remuneración total no exceda el máximo establecido en la base II del artículo 127 de la Constitución
.
No obstante, el cuarto transitorio del mismo artículo reformado refiere: El Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de su competencia, deberán expedir o adecuar la legislación, de conformidad con los términos del presente decreto, dentro de un plazo de 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor
.
El constitucionalista Elisur Arteaga consideró que aunque el Legislativo tiene de plazo cinco meses para elaborar la legislación secundaria, por tratarse de un asunto de urgencia deberían emitir un reglamento en dos meses, previo a que se cumpla el periodo de renovación de los dos nuevos ministros, a fin de que éstos no ganen más que el Presidente de la República
.
Una arremetida de las fuerzas más oscuras del neoliberalismo remece el Abya Yala. En un contexto de crisis global del sistema, los Estados imponen políticas destinadas a profundizar y eternizar un modelo que se desmorona. Y en aquellos países donde los gobiernos intentan dar un rumbo distinto, las reacciones son abiertamente fascistas.
Los ejemplos más graves están en el golpe de Estado en Honduras, los atentados terroristas en Bolivia, la nueva “pacificación de la Araucanía” emprendida en Chile, la Masacre de Bagua en Perú y el acuerdo de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos para la entrega de siete bases militares norteamericanas en ese país. Es este conflictivo contexto que se realiza la IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala a fines de mayo en Puno, Perú, que tuvo una concurrencia masiva que superó todas las expectativas, con más de seis mil participantes de todo el continente, autofinanciados por sus organizaciones.
La gran voluntad de debate y construcción de propuestas en la IV Cumbre, desde la cultura propia de nuestros pueblos indígenas, dio como resultado importantes acuerdos, entre los que destaca la insurgencia cultural, la visibilización de nuestra civilización en la época de crisis del pensamiento occidental, no más como folclor, sino como actores activos que resistimos desde hace más de quinientos años y hoy ofrecemos nuestras alternativas a todas las sociedades.
La carta remitida a la IV Cumbre Continental por el Presidente de la República Plurinacional de Bolivia Evo Morales Ayma se da en este contexto. Cuando él dice que hemos pasado de la resistencia a la rebelión y de la rebelión a la revolución, no está haciendo un llamado a la violencia, sino evidenciando nuestra visibilización como pueblos indígenas, nuestro proceso de articulación y consolidación de derechos y de propuestas, que van siendo reconocidos y recogidas, respectivamente, por los tratados internacionales, las leyes nacionales y las diversas instancias en el mundo.
Las cuatro Declaraciones emitidas en Puno –de los pueblos, de las mujeres, de los jóvenes, y de los niños y adolescentes- resumen alternativas concretas para enfrentar la crisis global: ambiental, financiera, de paradigmas. Incluso para prevenir y evitar epidemias como la de la llamada “gripe porcina”, que pretendió ser utilizada por el gobierno peruano para impedir la realización de la IV Cumbre Continental de los Pueblos Indígenas.
Así, lo que quedó claro en Puno es que la lucha de los pueblos indígenas trasciende los planos locales y las reivindicaciones específicas de defensa de nuestros territorios y recursos naturales. Es una lucha por lograr una real presencia de los Estados y que éstos sean realmente representativos, que escuchen a todos y no de las empresas transnacionales. Los sucesos de Bagua, en la Amazonía peruana, son una muestra palpable de esta demanda. Algunos gobiernos se resisten a entenderlo, negándose a resolver los problemas de fondo y provocando con ello conflictos que enfrentan de manera violenta, vía la represión y la penalización de las protestas. La consecuencia es un marcado odio hacia los pueblos indígenas, a través de la criminalización y el racismo.
La CAOI presentó por ello en marzo pasado una demanda contra el gobierno peruano ante el Comité para la Erradicación de todas las Formas de Discriminación Racial de Naciones Unidas. Y a inicios de agosto, CAOI y CONACAMI entregaron informes alternativos al presentado por el Estado del Perú, mientras que las organizaciones indígenas ONIC de Colombia y Consejo de Todas las Tierras de Chile hicieron lo propio respecto a sus gobiernos. El resultado ha sido que los tres Estados (Perú, Colombia y Chile) han sido severamente examinados y calificados como Estados que vulneran los derechos humanos y colectivos.
La diplomacia indígena seguirá avanzando, para continuar abriendo canales que permitan a nuestros pueblos indígenas y sus organizaciones ser escuchados. Sin embargo, la lucha de masas muchas veces busca canales de solución más rápidos y directos, con demandas concretas que requieren un tratamiento distinto y urgente de los gobiernos: por ejemplo, la gravísima situación de los derechos humanos en Colombia, donde 18 pueblos indígenas están al borde de la extinción; el paquete de decretos legislativos emitidos en el Perú para implementar el TLC con Estados Unidos, que vulneran nuestros derechos; y la violenta represión desatada contra los mapuches chilenos. Son hechos que no podemos callar.
Todo esto hace urgente que los organismos como Naciones Unidas, la OEA y la propia UNASUR realicen un profundo análisis de este contexto y acuerden acciones concretas de presión a los Estados para garantizar el real ejercicio de nuestros derechos. Y abrir un espacio de diálogo con agendas, con políticas públicas, recomendaciones y resoluciones de estricto cumplimiento.
Seguiremos vigilantes.
* Miguel Palacin es Cordinador General de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI)
:: HASTA LA VICTORIA SIEMPRE ::
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