LATINOAMERICA UNIDA POR LA IZQUIERDA

ESTE BLOG SE CREO CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER TODOS LOS ACONTECIMIENTOS EN LATINOAMERICA.PARA QUE LA VERDAD NO SEA CALLADA Y SEGUIR JUNTOS CON EL SUEÑO DEL GENERAL SIMON BOLIVAR, EL CUAL FUE REALIZADO POR EL CHE GUEVARA Y CONTINUADO POR EL PRESIDENTE HUGO CHAVEZ Y FIDEL CASTRO Y POR TODO AQUEL ANTI-IMPERIALISTA,"HASTA LA VICTORIA SIEMPRE VENCEREMOS".

martes, 5 de octubre de 2010

Procurador colombiano admite que no habían correos destinados a Piedad Córdoba en computador de Raúl Reyes



Publicado por: TONATIUH MALDONADO.



Adital -
En una entrevista que publica este lunes la revista colombiana Semana, el procurador Alejandro Ordóñez reconoce que no hay correos electrónicos en los computadores de Raúl Reyes: una información que puede ser vital para el caso de Piedad Córdoba.
Noticias Uno conoció además una declaración en la que el investigador de los computadores de Reyes reconoce que se vulneró el control de legalidad en el manejo de esta prueba.
Los abogados de la senadora Piedad Córdoba aseguran que el fallo del procurador Alejandro Ordoñez, que destituye e inhabilita por 18 años a la congresista, no tuvo en cuenta pruebas importantes como las declaraciones del capitán , Ronald Hayden Coy Ortiz , quien aseguró que no encontró correos electrónicos en los computadores de Raúl Reyes si no documentos word.
Ronald Hayden Coy Ortizi, nvestigador del grupo antiterrorista de la Dijín, aceptó ante un juez especializado y en audiencia pública, que se rompió la cadena de custodia en los computadores de Raúl Reyes .
Fuente: TeleSUR


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Mujeres migrantes, más vulnerables a violencia y abuso sexual



Publicado por: TONATIUH MALDONADO.

SEMlac *


Por Zoraida Portillo
Aunque en términos generales los maltratos físicos y sexuales que padecen las migrantes son similares a los que sufren quienes viven en sus países de origen, esas mujeres se encuentran más vulnerables pues la mayor parte de las veces desconocen la existencia de servicios legales a los que pueden acudir, independientemente de su situación legal.
Así lo destacó María José Fletcher, abogada especializada en violencia doméstica y trata de personas y supervisora del Centro de Defensa del Inmigrante de Florida. Ella estuvo en Lima la tercera semana de septiembre, invitada por la embajada de Estados Unidos, para reunirse con organizaciones de mujeres, periodistas y autoridades del Ministerio de la Mujer (MIMDES).
"Tenemos la obligación de dar asistencia e impartir justicia a todas las personas que forman parte de una comunidad, legales o ilegales, hetero u homosexuales", remarcó y dijo que eso es válido si la agredida vive en su país o en uno extranjero.
Fletcher destacó que la violencia contra las mujeres no sólo deja secuelas físicas y emocionales sino profundas heridas en su autoestima que posibilitan que sean las propias mujeres quienes perpetúen situaciones de maltrato y humillación con sus hijas y congéneres.
"Las mujeres maltratadas crían a sus hijas bajo el mismo patrón (patriarcal), haciendo por ejemplo que las niñas atiendan a los hermanos varones, dándoles de comer menos raciones de comida o en platos más chicos, generando así que el varón se sienta superior y con derecho a ser atendido", señaló durante una teleconferencia desde la sede de su embajada en Lima.
Mediante esta herramienta tecnológica, Fletcher pudo entablar contacto con organizaciones de mujeres y ONGs de todo el país, e incluso de otras naciones de la región, quienes además tuvieron oportunidad de formularle preguntas directamente desde sus computadoras.
Se produjo así un interesante intercambio de ideas y opiniones, donde las y los participantes aprovecharon para conocer su experiencia en la representación legal que Fletcher realiza en Florida con mujeres y niñas inmigrantes que son objeto de violencia doméstica, trata de personas y otros delitos contra sus derechos ciudadanos.
Ante una pregunta concreta de la representante del MIMDES, sobre una mujer colombiana que vivía ilegalmente en el Perú y era víctima de maltratos por su pareja, pero cuyas denuncias no eran atendidas por las autoridades dada su condición irregular en el país, Fletcher dijo que en esos casos la víctima puede acogerse al derecho de asilo, si desea permanecer en ese país, o recibir ayuda de las autoridades para retornar al suyo.
"Pero hay que tener mucho cuidado con esta última opción -advirtió- porque muchas veces el agresor, que tiene libre entrada y salida de su país, puede ir a buscarla y agredirla; son casos muy complejos".
Por ello, recomendó realizar campañas permanentes y masivas de información, sensibilizando a la población para que tenga "tolerancia cero" frente a la violencia doméstica, dejando de lado excusas como que se trata de asuntos privados de la pareja o la vida familiar, y para que sepa discernir sobre el "bombardeo" a favor de la violencia que se produce diariamente desde los medios, la música y la sociedad en general.
También instó a capacitar permanentemente a todo el personal involucrado en el tratamiento de estos casos, incluyendo policías, autoridades judiciales, periodistas, ONGs y todos aquellos que, de una forma u otra, tengan contacto o cercanía con niñas y mujeres maltratadas, como maestros y maestras en las escuelas.
Y es que para ella, no basta con tener servicios de atención y acogida. Igualmente importante es la manera de acercarse y tratar estos casos. "A veces, en nuestra desesperación por ayudar, queremos solucionar el problema en cinco minutos y no es así, es parte de un proceso de recomposición y reconstrucción que puede tomar años y hay que darle ese acompañamiento".
"Por ejemplo, hasta que el victimario no asuma la responsabilidad de sus actos no es aconsejable que viva bajo el mismo techo". También advirtió que si la víctima encuentra una barrera para alejarse del victimario va a preferir volver con él, lo que se hace más evidente en el caso de las mujeres rurales, sin acceso a carreteras, casas de acogida, policías o incluso con problemas de idioma.
Recordó que el maltrato comienza con la agresión física, pero luego sobreviene el temor y la propia víctima encontrará excusas para no irse. "La víctima está predispuesta a creer en las justificaciones y excusas del maltratador y volverá con él por los hijos, por amor, o por la esperanza de que va a cambiar…además, tampoco hay que olvidar que quien maltrata es muchas veces quien provee el alimento".
"Tenemos que escucharlas con la mente abierta, sin prejuicios culturales o de otra índole, permitiéndoles narrar su historia en el estilo que les es familiar, sin precondicionamientos".
Sobre la trata, Fletcher dijo que en Estados Unidos es común entre mujeres migrantes que laboran en restaurantes, hoteles y como niñeras, que son explotadas laboralmente y abusadas sexualmente. Asimismo, entre adolescentes (hombres y mujeres) que han sido violados o vendidos por mafias. Estas personas son llevadas a Estados Unidos con visas falsas, engañadas, sin papeles y muchas veces sin conocer el idioma, por lo que no saben a dónde acudir.
Agresividad aumenta en Perú
El tema de la violencia contra las mujeres está al tope de la agenda pública en el Perú debido no sólo al aumento en las cifras de feminicidio y agresiones sino en la virulencia que ésta va adquiriendo.
Entre enero y marzo de este año, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público registró 40 feminicidios, 35 por ciento de los cuales fueron perpetrados contra mujeres de 18 a 25 años de edad. El 45 por ciento de las asesinadas eran madres de familia.
Rocío Villanueva, responsable de monitorear los feminicidios para el Observatorio, dijo a SEMlac que la cifra es resultado del reporte de los fiscales que acuden al lugar de los homicidios, por lo que el registro es altamente confiable. Pero reconoció que no todas las denuncias de maltrato contra las mujeres llegan al Ministerio Público, pues para ello se necesitaría que la policía y el poder judicial estén totalmente informatizados.
El más reciente feminicidio fue cometido contra una enfermera de 30 años a quien el enamorado -en venganza porque ella terminó la relación amorosa- no sólo la asesinó, sino descuartizó y dejó sus restos en diversas partes de Lima "para que no quedara evidencias del crimen", según confesó a la policía.
Respecto del maltrato, la encuesta Demográfica y de Salud Familiar realizada entre mayo y octubre de 2008 y dada a conocer recientemente por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló que el 34,5 por ciento de los hombres reconoce haber maltratado por lo menos una vez a su pareja.
Y contrariamente a lo que se supone, es en el área urbana donde el maltrato es mayor: 38,1 por ciento, frente a 29,2 por ciento en el sector rural. Interrogado por SEMlac al respecto, Renán Quispe, jefe del INEI, dijo que podría ser porque en la ciudad existe una mejor percepción de lo que es el maltrato y no así en el campo.
Por ejemplo -anotó- los insultos o la violencia psicológica puede que no sean considerados maltratos por los hombres ni mujeres del campo, pero sí en la ciudad.
El caso más emblemático ha sido el de Elizabeth Alanya, una mujer a la que su pareja le arrojó agua hirviendo en la cara y cuerpo, desfigurándola. A pesar de que el agresor se encuentra detenido, podría ser excarcelado si su delito no es calificado como "lesión grave" por el juez.
Alanya, quien estuvo internada casi un mes en un hospital del estado por las lesiones sufridas, tendrá que someterse a un injerto de piel y está incapacitada de volver a su centro de trabajo. Ha sido elegida como "mujer símbolo" contra la violencia y, sin embargo, ha denunciado a la prensa que su pareja la sigue amedrentando y amenazando por teléfono desde la prisión.
En el Perú, la violencia doméstica es considerada una falta y no un delito. Una Comisión Revisora del Congreso está examinando la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, en la que se contemplan diversas medidas, como tipificar el feminicidio y sancionarlo con prisión efectiva de 20 a 25 años y la pérdida de la patria potestad del agresor sobre los hijos.
También prevé la publicación de un Registro de Sentenciados por maltrato físico y/o psicológico. "La idea es que los agresores que figuren en este registro no puedan trabajar en lugares que tengan que ver con la seguridad ni portar o comprar armas", explicó a SEMlac la congresista Alda Lazo, una de las impulsoras de las modificaciones.
También se ha previsto la instalación de brazaletes electrónicos a los denunciados por agresión a sus parejas o hijos. Según Lazo, ello impediría que los agresores se acerquen a sus víctimas.
No obstante, Patricia Zanabria, del Movimiento Manuela Ramos, comentó que si bien estas medidas son importantes desde el punto de vista persuasivo y preventivo, el problema de la violencia doméstica necesita un abordaje muy específico, que permita visibilizar la verdadera situación de la mujer.




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Diagnostico analiza realidad social, económica y cultural de seis ciudades mexicanas



Publicado por: TONATIUH MALDONADO.


Adital –

La Comisión Nacional para Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (Conavim), de la Secretaria de Gobierno de México, presentó ayer (4), los resultados del "Diagnostico sobre la Realidad Social, Económica y Cultural de los Ambientes Locales, para el Diseño de Intervenciones en Materia de Prevención y Erradicación de la Violencia". El estudio, realizado el año pasado, comprende seis ciudades mexicanas de las regiones Norte, Sur y Centro.
La investigación fue dividida en seis volúmenes, siendo cada uno referente a una ciudad mexicana estudiada: Guadalajara (Jalisco) y Aguascalientes (Aguascalientes), en la región Central del país, Tijuana (Baja California) y Ciudad Juárez (Chihuahua), en la región Norte; Mérida (Yucatán) y Tapachula, (Chiapas), Sur Mexicano.
Aunque cada publicación posee sus especificidades, de un modo general, el diagnóstico tuvo el objetivo de observar las cuestiones relacionadas a la violencia social y de género. De esta forma, los investigadores pretendieron -- según el Diagnóstico de Guadalajara - "generar conocimientos que permita la elaboración y la realización de acciones y ‘políticas de prevención de la violencia social’ urbana en México, tanto desde el aparato del Estado, como desde la sociedad civil".
Para la elaboración de la pesquisa, los investigadores, conforme destacó el documento a la ciudad del Estado de Jalisco, partirán del reconocimiento de que en México, hay una "violencia estructural" que se revela principalmente en la "desigualdad, pobreza, exclusión, discriminación e injusticia".
Así como el estudio tuvo un objetivo general para todas las ciudades, la conclusión también fue capaz de abarcar todos los lugares pesquisados. Para los investigadores, los seis documentos de Diagnostico mostraron la "urgencia de actuar en los diversas frentes económicos, sociales e inclusive, políticos, para revertir el grave deterioro en la convivencia, desarrollar una institucionalidad democrática y, por medio de ella, poder restaurar la confianza en el futuro del país".
Todo lo anterior porque, de acuerdo con las publicaciones, las violencias están relacionadas justamente con factores sociales, culturales y económicos, los cuales crean ambientes y condiciones favorables a agresiones y acciones que violan la integridad, la vida y la dignidad de las personas.
"Los resultados y el proceso de estudio tornan evidente la necesidad de establecer líneas de investigación que profundicen el conocimiento de factores o procesos económicos, sociales, culturales y ambientales que posibilitan la generación de ambientes sociales violentos y la alteración de lo que se acepta como una convivencia social pacífica", destacó el estudio dedicado a la ciudad de Mérida.
Coordinado por la Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social AC (Incide Social), el Diagnostico fue una ampliación de las actividades promovidas por el Consejo Ciudadano para el Desarrollo Social de Ciudad Juárez e Incide Social entre los años de 2003 y 2005.
Los seis documentos completos están disponibles, por ciudad, en: http://www.conavim.gob.mx/es/CONAVIM/Diagnosticos
Con informaciones de Notiese.


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Chávez firma decreto de expropiación de empresa agrícola



Publicado por: TONATIUH MALDONADO.


Karol Assunção *

Adital -
El Presidente de Venezuela, Hugo Chávez firmó, la noche de ayer (4), el decreto de expropiación de la empresa Agroisleña. Según el gobierno, la intención es aumentar la producción de la compañía agrícola e incentivar el desarrollo agrícola del país.
Durante entrevista por teléfono en el canal de la televisión Venezolana, Chávez expresó que firmó el decreto porque la compañía agrícola de capital español era un monopolio, situación prohibida por la Constitución de la República. El decreto debe entrar en vigor después de la publicación en el Diario Oficial, previsto para ser publicado el día de hoy (5).
Según informaciones de Tele sur, la transnacional poseía ocho depósitos y 64 sucursales dedicadas a comercializar 84 productos agrícolas en todo el país. La agencia de noticias revela que la empresa monopolizaba y semillas registradas.
Los problemas generados por la Agroisleña, sin embargo no se resumían sólo a la centralización de los productos. Venta indiscriminada de de fertilizantes tóxicos al medio ambiente y aumento irracional de los precios de productos agrícolas también estaban en la lista de irregularidades de la compañía.
"Considerando la especulación como práctica capitalista en la venta de fertilizantes por parte de grupo Agroisleña CA, y a pesar que el Estado Venezolano invertir ingentes cantidades de dinero en subsidios, estos fertilizantes terminan con un aumento del 250 % por encima del valor sugerido, causando aumento en los costos de producción que se trasladan al consumidor final, encareciendo los precios espacios de los precios de los alimentos" destaco el mandatario venezolano.
Refiriéndose a la expropiación, Chávez explicó que pagará el costo total de las instalaciones y de los bienes de la empresa y, respetará también todos los derechos y garantías de los trabajadores de la Agroisleña. Y agrega "ningún trabajador u obrero de las empresas recuperadas por el Estado fue despedido, al contrario, sus reivindicaciones laborales y salariales, fueron mejoradas en un 100%.
Medida agrada a campesinos
La decisión del presidente Chávez fue apoyada tanto por los pequeños y medianos agricultores rurales, como por los profesionales del área agrícola. Esto porque, además de expropiar a la empresa, el mandatario venezolano también va recuperar las tierras hasta ahora pertenecientes a la compañía y bajará los costos de producción agropecuaria con el propósito de garantizar la soberanía alimentaria y de transformar el país en una potencia agrícola.
"Consideramos que la medida es transcendental en la sociedad venezolana, además de buscar procesos de transformación que traten de superar todas las deficiencias administrativas, financieras en términos de administración de insumos", afirmó Miguel Ángel Núñez, integrante del Instituto de Producción e Investigación de Agricultura Tropical, en entrevista a Telesur.

Agroisleña rechaza expropiación
Si por un lado los productores rurales están contentos con el decreto del Presidente venezolano, por el otro, la empresa agrícola no está nada satisfecha con la medida de Chávez. En comunicado, Agroisleña no acepta la actitud del mandatario de Venezuela y pide que la decisión sea reconsiderada.
"La empresa rechaza absoluta y categóricamente una medida de expropiación que acabaría en la práctica con nuestro apoyo constante a la producción agrícola y a la seguridad alimentaria", justificó, solicitando aún al mandatario más tiempo para conocer las actividades de la compañía.
Con informaciones de Tele sur, AFP y AVN.


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El doble discurso presidencial Al desnudo en Europa.



Publicado por: TONATIUH MALDONADO.

Gloria Leticia Díaz


De las 3 mil 598 quejas que la CNDH recibió el año pasado, en mil 791 se señala a integrantes del Ejército como presuntos responsables de violaciones a los derechos humanos. Con datos como éste, más los expedientes de los casos documentados, una delegación de activistas mexicanos fue a Europa para desmentir la propaganda del gobierno de Felipe Calderón. En la versión oficial, el presidente es el más férreo defensor de los derechos humanos; pero aquí se niega a acatar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las recomendaciones de la ONU, además de descalificar a quienes se atreven a alzar la voz contra la impunidad.

MÉXICO, D.F., 4 de octubre (Proceso).- El doble discurso del gobierno de Felipe Calderón en materia de derechos humanos y el incumplimiento de tratados internacionales sobre el tema firmados por México fueron puestos en evidencia por una delegación de organizaciones civiles mexicanas en Europa.

“La imagen tradicional de México como un gran promotor de los derechos humanos se ha ido deteriorando, sobre todo con Calderón. Esto, porque la misma comunidad internacional se ha dado cuenta de la doble estrategia del Estado: por un lado un gran activismo al exterior, pero con pocos resultados al interior”, reflexiona Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

Él es uno de los representantes de organizaciones civiles invitados por la Coordinadora Alemana de Derechos Humanos para dar a conocer en diversos foros de la Unión Europea la situación de los derechos humanos en México, en el marco de la guerra contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón. A la gira (del 23 de septiembre al 3 de octubre) se sumaron Cristina Hardaga Fernández, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan, y Verónica Corchado, por la organización Pacto por la Cultura de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Los activistas se reunieron con representantes de la Comisión Europea y la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo en Bruselas, Bélgica; en Ginebra, Suiza, se entrevistaron con representantes de las relatorías especiales de la ONU en los siguientes temas: defensores y defensoras, violencia contra las mujeres, indígenas, y detenciones arbitrarias y desaparición forzada. También tuvieron encuentros con la Organización Mundial contra la Tortura (OMT) y otras agrupaciones.

Su recorrido culminó en Berlín, la capital alemana, donde los representantes de las organizaciones no gubernamentales mexicanas participaron en varios actos públicos con la sociedad civil y las autoridades alemanas.

La preocupación de las ONG internacionales por la situación de los derechos humanos en México en el contexto del combate al crimen organizado se manifestó también en la carta que el director para América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, envió al presidente Felipe Calderón el 24 de septiembre pasado.

En ella, Vivanco hace referencia a una serie de “mensajes contradictorios sobre derechos humanos” expresados por Calderón en diversos foros, en los cuales se dice su más férreo promotor pero al mismo tiempo descalifica a quienes denuncian violaciones a los derechos humanos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas. Ello, dice Vivanco en la carta, a pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) “ha comprobado que en más de 60 casos de abusos graves cometidos durante su gobierno, como ejecuciones ilegales, violaciones sexuales y torturas, los responsables han sido militares”.

En lo que va del gobierno calderonista, agrega, la CNDH ha recibido más de 4 mil quejas contra soldados. En esas ocho cuartillas Vivanco pone en duda la eficacia de la estrategia de Calderón contra el crimen organizado si en ella no se antepone el respeto a las garantías individuales y si se mantiene la impunidad, ya que “durante su gobierno –ejemplifica Vivanco– los tribunales militares han condenado a un solo militar por cometer una violación de derechos humanos”.

Entre los exhortos que Vivanco hace a Calderón destaca el relativo a cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla a manos de miembros del Ejército en 1974, modificar el Código de Justicia Militar “y asegurar que todos los casos de violaciones de derechos humanos contra civiles sean investigados y juzgados por el sistema de justicia ordinario”.

Hacer visibles a las víctimas



El 25 de septiembre, el gobierno de Calderón, a través de la Secretaría de Gobernación, emitió un comunicado en el que asevera que su estrategia contra el crimen organizado “respeta los derechos humanos”.

Esa versión se contradice con el informe Retomando el estado de derecho que el CDHM Tlachinollan entregó a funcionarios, políticos y activistas europeos. El documento, fechado en julio pasado, es el resultado de una gira de trabajo por México que realizaron 30 integrantes del Comité de Abogados de Derechos Humanos (BHRC, por sus siglas en inglés) procedentes de Canadá, Alemania, Irlanda, Estados Unidos, Inglaterra y Gales.

Su misión fue analizar “el acceso a la justicia, el respeto al estado de derecho y las garantías que tienen los abogados y defensores para ejercer sus funciones libremente” en México, especialmente en los estados de Guerrero y Oaxaca.

El informe de BHRC, del que Proceso tiene copia, destaca que desde hace años se registran en México casos de represión policiaca y militar, violaciones, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, pero que “muchas de estas violaciones a los derechos humanos no han sido adecuadamente abordadas, lo que ha dejado serias implicaciones en la impunidad y un incremento en la utilización del sistema interamericano de derechos humanos”.

Los abogados permanecieron en México del 26 de noviembre al 4 de diciembre de 2009 y consultaron incluso al entonces secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont. En su documento dicen que corroboraron que “la presencia militar ha contribuido al deterioro de la situación de los derechos humanos en ciertos estados de México”, y advierten que persisten “las fallas para investigar (violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros del Ejército) de forma pronta, imparcial y efectiva”.

De acuerdo con Luis Arriaga y Cristina Hardaga, en entrevistas por separado, en los foros europeos hay una gran necesidad de corroborar la información que envía el gobierno de Calderón para cumplir con peticiones de información sobre la violencia en México.

Lo anterior, apunta Arriaga, se debe a que “los casos de violaciones a los derechos humanos y la situación, que se ha ido visibilizando en el exterior, han hecho que la imagen del Estado vaya en demérito”.

Para el director del Centro Prodh, “con Calderón se ha dado cuenta de violaciones muy graves a los derechos humanos, que tienen que ver con desapariciones, con torturas, con ejecuciones, con un uso faccioso e indebido del sistema de administración y procuración de justicia que se ha sido visibilizado por casos muy concretos de violaciones a los derechos humanos, como lo sería el de los presos de Atenco o los que están ventilando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cuales tienen que ver con el fuero militar y la violencia contra mujeres en Ciudad Juárez”.

A su vez, Hardaga apunta que en Europa los activistas mexicanos “hemos sido muy bien recibidos. Ante un contexto en el que la información que reciben las autoridades y políticos europeos es predominantemente la que emiten las misiones del gobierno de México, consideran valioso recibir otra información que les dé más elementos de análisis. La información que les entregamos no son meras interpretaciones, son historias de personas acompañadas de datos duros, son hechos denunciados ante las instancias correspondientes en nuestro país que reflejan demandas legítimas; todo ello ayuda a contrarrestar la información del Estado”.

Tanto Arriaga como Hardaga entregaron amplios expedientes de casos documentados por sus organizaciones, entre ellos los que han llevado hasta la Corte Interamericana: las violaciones sexuales de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, en 2002, y la detención ilegal y tortura a Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, miembros de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán (OCESP), en 1999. Las víctimas señalan a militares como responsables de los abusos.

A decir de ambos representantes de ONG, la militarización de la lucha contra el narcotráfico es uno de los temas que más le interesaron a sus interlocutores europeos, pero éstos abordaron también las agresiones contra defensores de derechos humanos, la impunidad y la violencia, específicamente la que sufren los migrantes indocumentados centroamericanos.

“En varias reuniones –enfatiza Hardaga– las organizaciones señalaron que constantemente son informadas (por el gobierno de Calderón) de la detención de capos, pero para ellos eso no significa que se esté ‘ganando’ la guerra, como lo reitera el gobierno. En ese sentido, el tema del fuero militar y el de la impunidad han sido recurrentes”.

Y según el director del Centro Prodh, los defensores mexicanos lograron transmitir que “en México la impunidad tiene expresiones muy concretas: la resistencia de los militares a ser juzgados en tribunales civiles, la falta de capacidad para que los gobernantes rindan cuentas sobre sus actos, los cambios cosméticos que pueden tener los cuerpos de la policía y la negativa a realizar un proceso de justicia transicional, es decir, la justicia en los crímenes del pasado”.

Tras recordar que, de acuerdo con la CNDH, de las 3 mil 598 quejas que recibió en 2009, en mil 791 se señaló a integrantes del Ejército como presuntos responsables de violaciones a los derechos humanos, Arriaga dice que con esos datos pudieron comprobar que “no se trata de un problema de denuncias aisladas (como afirma el gobierno federal)… los datos revelan que hay una estrategia de seguridad errónea en el combate a algunos delitos como el tráfico de drogas y el secuestro, pensada en la lógica de confrontación de la delincuencia organizada”.

El director del Centro Prodh apunta que las ONG mexicanas manifestaron en Europa su preocupación por que los abusos de militares son agravados por “la impunidad estructural que impide el acceso a la justicia para las víctimas: esto es, el fuero militar usado indebidamente para juzgar y procesar a militares que cometen dichas violaciones”.

Al respecto, Hardaga resalta el interés de las autoridades y las organizaciones europeas por la situación de los defensores de derechos humanos, sobre todo después de que el CDHM Tlachinollan les informara que el gobierno mexicano incumplió las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana a favor de 107 activistas guerrerenses.

Los abusos militares cometidos en la región de Ayutla de los Libres (entre ellos los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú) derivaron en al menos 13 averiguaciones previas desde 2006, sin que las investigaciones obtengan resultados.

Tal es la presión y la violencia contra los activistas, que el propio director del CDHM Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, fue galardonado este año con el premio Robert Kennedy de Derechos Humanos por ser aquel cuya vida corre mayor riesgo. El próximo noviembre Barrera recibirá el reconocimiento de manos de Ethel Kennedy, viuda del senador asesinado en 1969.

Contra la amnesia colectiva



Para los representantes del Centro Prodh y el CDHM Tlachinollan, la gira por Europa tenía como objetivo confrontar la versión del gobierno de Calderón sobre la situación de los derechos humanos en México, pero también buscar aliados para que se acaten las sentencias de la Corte Interamericana, que hasta ahora ha condenado al Estado mexicano por los casos de Rosendo Radilla y Campo Algodonero, relativo a la violencia contra mujeres en Ciudad Juárez.

“Creemos importante que no sólo el sistema interamericano, sino otros actores estén atentos a que el Estado mexicano cumpla estas sentencias, sobre todo porque existe una posibilidad alta de que la Corte ordene, en el caso de los ecologistas, que se lleven a cabo reformas para reducir el uso de tortura, y que se garantice que las autoridades civiles sean las encargadas de investigar las violaciones cometidas por militares”, dice Arriaga, el director del Centro Prodh.

En cuanto al CDHM Tlachinollan, Hardaga juzga necesario “crear mecanismos de protección para defensoras y defensores de México; esperamos que las organizaciones internacionales presionen a sus países para que incluyan esta preocupación en sus respectivas agendas”.

Otro de los objetivos de la visita a Europa, resalta Arriaga, fue dar seguimiento a las recomendaciones que se le hicieron a México en el Examen Periódico Universal (EPU), las cuales no se han cumplido.

“Si bien las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU no son vinculantes, por tratarse de un organismo internacional deberían ser atendidas por un país como México, que se ha ostentado como promotor de derechos humanos en el mundo”, dice.

“Tenemos firmados y ratificados todos los tratados, convenios y pactos en derechos humanos; desde el exterior te imaginarías que México debe tener otra realidad. Demandamos que México cumpla sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, que adopte medidas para investigar estas violaciones e impedir que vuelvan a cometerse; queremos acceso a la justicia efectiva y que se proporcionen recursos adecuados para la reparación; en suma, queremos evitar una amnesia colectiva”, resume Arriaga. l



Fuente: Proceso



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La impunidad nuestra de cada dia.



Publicado por: TONATIUH MALDONADO.

Teodoro Rentería Arróyave

El pasado viernes en Comunicado Urgente, denunciamos que nuevamente se enlutan “El Diario” de Ciudad Juárez, el gremio periodístico de Chihuahua y del país con el asesinato del humilde trabajador de prensa, Juan Francisco García Márquez, voceador del periódico de información policiaca PM, vespertino de la empresa editora de El Diario, rotativo que ha sufrido en los últimos dos años otras dos bajas con los asesinatos de los colegas: Armando Rodríguez, El Choco, periodista policiaco ejecutado el 13 de noviembre de 2008 y Luis Carlos Santiago Orozco fotógrafo de apenas 21 años acribillado el pasado 16 de septiembre, crímenes todos atribuidos presuntamente al crimen organizado.


Ahora en el portal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, se destaca un comunicado de prensa que titula: Deficiente atención en justicia para periodistas”, referentes a las declaraciones de Fernando Batista Jiménez, quinto visitador general del organismo quien ante un foro de organizaciones extranjeras dijo que de los 65 casos de homicidios que ha documentado la CNDH, sólo se han dictado 10 sentencias condenatorias, lo que constituye una muestra de la impunidad que existe en el país.

Si bien es cierto que compartimos las apreciaciones de Batista Jiménez en el sentido de que “las acciones de investigación realizadas por la autoridad, pocas o muchas según el caso, nunca serán suficientes en tanto los ataques y crímenes no se resuelvan y no se identifique y castigue a los responsables, y mientras no se conozca el paradero de los periodistas desaparecidos”, no compartimos las cifras que expone, y la realidad es que mientras subsista esa impunidad que atosiga a México, ganarán más y más terreno los enemigos de las libertades de prensa y expresión.

En el mismo documento del gremio se anota que con el asesinato del voceador del vespertino PM de Ciudad Juárez suman 113 las víctimas mortales del gremio, 108 periodistas y 5 humildes trabajadores de prensa, además de que permanecen desaparecidos 12 compañeros. Si las cifras del Quinto Visitador de la CNDH, se refieren a las víctimas mortales de la última década, como se lo hemos expuesto en no pocos foros, tampoco concuerdan con nuestros registro que suman 77, aún en el caso de que no tome en cuenta los 5 homicidios de los humildes trabajadores de prensa, aún faltarían 7, es decir 12 asesinatos que no registra la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De ahí que nuevamente reiteremos la necesidad de que el organismo explique el porqué de esas graves omisiones.

El funcionario mencionó la necesidad de esclarecer los casos pendientes si se quiere frenar la escalada de violencia contra los periodistas e informó que hasta la fecha este Organismo Nacional ha solicitado 67 medidas cautelares para periodistas con el fin de que no se ocasionen violaciones de imposible reparación, al expresar que los atentados contra comunicadores no sólo dañan su integridad y ponen en riesgo su vida; de manera indirecta, lesionan a la sociedad y vulneran el derecho que tenemos todos a la información. Nosotros aseguramos que lesionan en forma directa y que todos los casos están pendientes, ya que el comunicado no aclara cuales son los resueltos.

En consecuencia, es válido el Comunicado Urgente en el que por enésima vez la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; el Club Primera Plana, CPP, y la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP-México, se dirigen a la Opinión Pública para denunciar los continuos agravios al medio y al presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa para que cumpla con su compromiso de protección al gremio y se castiguen los delitos contra las libertades de prensa y expresión. ¡Ya basta de tanta Impunidad!


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Las prostitutas comunicadoras de los medios chayoteros al servicio de la oligarquía en Bolivia, enardecidas por la ley Anti Racismo



Publicado por: TONATIUH MALDONADO.

Las prostitutas comunicadoras de los medios chayoteros al servicio de la oligarquía en Bolivia, enardecidas por la ley Anti Racismo, que busca defender a los indígenas andinos y que les prohíbe deleznar su imagen.

Rafael Bautista

La polémica levantada por la prensa, en torno a la ley anti-racismo, no tiene, como fundamento, al derecho sino al cohecho. Porque cuando la propia prensa es cooptada por intereses privados monopólicos, entonces no es la libertad de expresión la que toma la palabra sino la privatización de ésta. Lo que es patrimonio público es raptado como propiedad exclusiva de los medios privados; este supuesto “derecho” es el que se pronuncia en contra del derecho de todos.


Los medios no defienden la libertad de expresión: lo que defienden es la potestad absoluta que pretenden sobre ésta. Por eso aparece la intolerancia: exigen ser “consultados”, acusan de “violación a sus derechos”, hasta casi ordenan la derogación de dos artículos (que no les conviene); es decir, si de libertad de expresión se trata, no les interesa la expresión popular sino, exclusivamente, la suya; por eso exigen una “consulta” que ya tiene sentencia: si no se hace lo que exigen, resulta “violación a la libertad de expresión”.

Demandan la anulación de dos artículos que les incomoda, es decir: está bien estar contra el racismo, siempre y cuando se tenga carta blanca para decir lo que se quiera (o haciendo decir a otros lo que se piensa). El racista opina, precisamente, de ese modo, por eso nunca se confiesa: su confirmación necesita de la negación retórica de sus actos.

Una sociedad es racista no porque un desequilibrado profiera insultos en una radio, un periódico o un canal de televisión (quien se delata no es tan peligroso como se cree) sino porque está estructurada y atravesada política, económica y culturalmente, por el racismo. Si la propia clasificación social es, previamente, una clasificación racista, entonces hablamos de una naturalización de la dominación; que estructura las relaciones de poder como relaciones racistas de dominación. La naturalización de éstas es lo que produce su invisibilización; cuando las jerarquías sociales contienen clasificación racial, entonces parece “natural” esa distribución social. Si el precio del ascenso social es el desprecio (aunque sea disimulado) al supuesto “inferior”, lo que se evidencia, aunque nos duela en el alma, es el fundamento racista de nuestra propia subjetividad.

Hechos aparentemente inocentes nos muestran esto: teñirse el pelo no es un acto cosmético sino ético (como auto-negación), porque si el patrón de belleza que adopto no se corresponde a mi constitución biológica (que tiene su propia expresión cultural que no admito), entonces esa adopción se convierte en una negación de lo que, en definitiva, soy. Cosa curiosa, cuanto más oscuro es el cabello, más posibilidades de desarrollar las cualidades que hacen a un cabello sano (brillo, volumen, consistencia, etc.); pero si por mudar de color (siempre a más claro) debo quemarlo, lo que quemo, en última instancia, es la vida del cabello; es decir, por “verme bien” (según el patrón adoptado) mato algo en mí. La constante es cruel: para afirmar el patrón estético dominante (moderno-occidental) debo negar lo que soy (si lo que soy no se corresponde con lo “superior” entonces, por definición, soy “inferior”).

Una adopción estética no es inocente; es más, si el precio de esa adopción es mi negación, entonces mi apuesta no me honra sino me degrada. En este caso, el precio del racismo es la negación de la propia persona. Por eso el precio de la ignorancia es siempre la muerte, es el caso de nuestro ejemplo: para quemar el color del cabello no sólo quemo éste sino también neuronas cerebrales, porque los químicos que aplico atraviesan el cuero cabelludo, que es por donde respira el cerebro.

Para aceptar como “natural” esa cosmetología, debo aceptar como “mejor y más bueno” (“verse moderna”) el patrón estético que la sostiene (blanqueamiento como sinónimo de perfeccionamiento). En eso consiste el racismo: en la naturalización de las diferencias fenotípicas como superior e inferior; todo aquello que no coincide con el patrón blanco-moderno-occidental (euro-gringo-centrismo) es inferiorizado. Como consecuencia, el “verse bien” posee contenido moral, así como el “verse mal”; bien y mal quedan estetizados: el “bien” es blanco, el “mal” es negro. Se trata de una moral inmoral. Porque la imagen del “bien” le otorga legitimidad a la estética blanca (sinónimo de “pureza”); en cambio, toda otra estética es negada como “inferior”. Por eso se adopta lo blanco como “modelo de belleza” porque, previamente, lo que no es blanco, ha sido naturalizado como inferior, siendo su única “salvación” parecerse, lo más posible, a lo “superior, perfecto y bueno”. Por eso el racismo reordena a la humanidad a su imagen y semejanza. Ya no está hecho el ser humano a imagen y semejanza de Dios sino al contrario: Dios (lo infinito espiritual) tiene ahora hasta color; se parece a Santa Claus, es decir, un viejito ario, rubio y de ojos azules. El mismo Jesús, quien era semita (es decir, no era ario), es blanqueado para, de ese modo, “limpiar” su procedencia.

Ahora bien, ¿no tiene la comunicación actual el paradigma del lenguaje de la imagen? La imagen domina la televisión, la prensa y hasta la radio; por eso el lenguaje se va reduciendo a mero apéndice de la imagología dominante de los medios. Pero si el lenguaje mismo de la imagen se halla contaminado de racismo implícito, entonces se entiende la reacción de los medios. Su reacción no es impensada o accidental, fruto de la susceptibilidad o de la sospecha; es coherente con sus más hondos prejuicios. En eso son visionarios: si la discriminación y el racismo son combatidos legalmente, su accionar ya no puede ser omnímodo e impune. Su aparente inocencia queda descubierta como lo que es: operadores ideológicos de la naturalización de las relaciones de dominación.

Por eso la pregunta no es retórica. Es la pregunta que debe, siendo consecuentes, formulársele a una componenda mediático-periodística: ¿es el racismo “libertad de expresión”? La libertad también puede definirse en contra de ella misma; es cuando prescinde de toda referencia anterior y pretende fundarse a sí misma, en consecuencia, la libertad mía se opone a la libertad ajena. Esta aporía es insoluble; en la que se cae cuando se defiende la libertad por la libertad. Eso hace el díscolo.

Lo que define a la libertad es la responsabilidad; por eso la libertad no es un principio metafísico sino autoconciencia de la finitud humana. Somos libres porque somos finitos; por eso hay decisión, porque la libertad consiste en elegir, y uno elige porque la existencia no es infinita. Por eso, las verdaderas elecciones, no consisten en elegir esto o aquello, sino en elegir la posibilidad misma de toda elección, esto es, la vida. Si niego la vida del otro, niego la vida, porque ésta no se reduce a mi vida sino a la vida de todos. Por eso la libertad no se define metafísicamente sino políticamente. Expando mi libertad cuando trasciendo mi propio yo: las necesidades materiales de mi prójimo son necesidades espirituales para mí. Soy libre en la medida en que me hago responsable. Sin responsabilidad, mi libertad es pura inercia, y todo lo que se encuentra en su camino resulta un obstáculo o distorsión de su espontáneo desplazamiento. Esta concepción física de la libertad, llevada al ámbito humano, tiene consecuencias desastrosas. De ese modo se comporta el capricho pueril del mimado, que sólo está dispuesto a escuchar a los demás, si confirman su propio parecer. Si se pone a sí mismo como criterio absoluto de todo dictamen, entonces se entiende su oposición a toda regulación exterior (toda moral queda reducida a su moral). Quiere tener la potestad de juzgar, pero que no le juzgue nadie. Lo que no ve o no quiere ver es que su accionar tiene consecuencias públicas, y eso no puede evaluarlo él mismo, porque los afectados son también otros.

Las objeciones periodísticas que se escuchan, se escudan en la preservación de sus fuentes de trabajo; aunque la ley sólo estipule en casos extremos el cierre de medios, además de acuerdo a una normativa posterior (de consenso democrático, donde no sólo los periodistas sean los interlocutores sino la población en su conjunto). Pero esta objeción, si somos coherentes con una lucha contra toda forma de racismo y discriminación (que los periodistas alegan no estar en contra), no es legítima. Un ejemplo: si todos estamos en contra de las armas, ello supone eliminar su fabricación, lo cual conduce, inevitablemente, a la eliminación de empleos.

En el fondo se trata de la dignificación del empleo. No todo empleo es digno, por lo tanto, si no apuesto a su dignificación, su defensa es sinónimo de intransigencia. Ésta no es legítima, porque acabaría afirmando: estoy en contra del racismo, siempre y cuando no afecte a mis intereses; lo cual solapadamente quiere decir: soy capaz de tolerar el racismo porque no me afecta, es más, saco provecho de ello. Esa parece ser la bandera sarcástica de los humoristas que, ingenuamente, se brindan como escudo melodramático de los medios. Si el humor sólo sirve para burlarnos de otros, entonces el humor nos degrada; cuando un prejuicio es sañudo, los chistes se hacen venenosos, incluso para el que los profiere. Una cesación del racismo debiera ser un reto positivo para el humor boliviano, pues no hay nada más imaginativo que hacer del humor un acto pedagógico. De lo contrario, hasta con chistes, los medios preparan a una sociedad discriminadora, activando su descontento en explosiones de odio, despertando el racismo centenario que prescribe su subconsciente a la hora del insulto: “indio de mierda”.

En ese sentido, la “auto-regulación”, es un despropósito. Porque esto no significa otra cosa que auto-justificación. Uno no puede evaluarse a sí mismo si sus acciones van más allá de uno. Porque si de autocrítica hablamos, ésta es propia de un ser moral, autónomo, es decir, de alguien que responde por sus actos ante sí y ante los demás. Por eso la moralidad no es algo que abandono después que cierro la puerta de mi dormitorio; es algo que llevo y que me expone ante los demás como un ser responsable. Cuando los periodistas cuestionan todo intento de regulación pública de su actividad, actúan como los políticos y, de ese modo, inconscientemente, consagran la inmoralidad que tanto critican.

Por eso hasta el lenguaje degenera en los medios. Cuando ya no hay ética en el oficio, ninguna renuncia concedo de parte mía, ni siquiera por el bien común; si antes no garantizo mis intereses, el interés de los demás no me interesa, defiendo lo mío aunque vaya en contra del resto. Con el episodio de la tortura a un conscripto, ni los periodistas y menos los medios, son capaces de reflexión. Ellos mismos propician un debate sobre la obligatoriedad del servicio militar; es decir, se requiere una medida drástica ante semejante hecho, lo cual, inevitablemente, pone en entredicho la función misma de las fuerzas armadas. Pero esa misma argumentación ya no la usan los medios para sí mismos, aunque sirva también para el proceder de ellos. Extrañamente, no están dispuestos a medirse, ellos mismos, con la misma vara que miden a los demás.

Veamos un hecho: la masacre de campesinos en Pando. El 11 de septiembre de 2008, en medio todavía de la persecución y la masacre, los medios montaron, unánimemente, la retórica del “enfrentamiento”. Todos los titulares, de modo premeditado, sentenciaron el hecho. Ese sorprendente acuerdo tácito no dejó lugar a dudas. El “enfrentamiento” (que nunca fue “supuesto”, como el terrorismo que aun encubren como “supuesto”) nos colocaba en una situación moral o, más bien, inmoral: era un “enfrentamiento entre buenos y malos”. Si los analistas (invento mediático) pregonan que nada es o negro o blanco, que los matices cuentan; aquel día el acuerdo fue absoluto, sin matices que valgan. La retórica del “enfrentamiento” excusaba todo exceso; por eso las palabras del prefecto de Pando (amplificada por los medios), podían ser consentidas y hasta aplaudidas: se trataba de una apología del genocidio (por eso a los asesinos les llamaba “mártires”). El “enfrentamiento” servía para eso: se trataba de un guión que no sólo lavaba culpas sino –y esto es lo peor– nos convertía, a todos, en cómplices de un hecho flagrante. Admitir el “enfrentamiento” era admitir que aquel genocidio fue una “defensa”.

Hay químicos que limpian las manchas de sangre, pero no hay nada que limpie la conciencia del asesinato. Pero los medios creen que eso es posible. Por eso inventan figuras que devuelven la inocencia al culpable. El montaje espectacular de aquel 11, es sólo comparable al montaje de aquel otro 11 de septiembre, de 2001. Ambos realizan una demolición planificada. Lo que se demuele, en definitiva, son las coordenadas del bien y del mal: si el verdugo es la víctima y la víctima el verdugo, entonces nos hallamos ante una inmoralidad. Si, frente a ello, el público no tiene criterios para enfrentar semejante situación, entonces, lo que viene, es la descomposición social. Por eso no es rara la mezcolanza obscena que los noticieros prodigan sin asco (y hasta con auspicios apetitosos): el genocidio es seguido por un circo y la masacre es precedida por LG, “life is good”. Esta descomposición produce también contaminación; pero no se trata del medio ambiente sino de nuestra propia conciencia. Cuando esto se socializa, nos revuelve una paradoja: en la era de las comunicaciones, ésta es cada vez menos posible.

La comunicación no es un algo dado sino algo que se produce. Si se merma la posibilidad de esa producción, aparecen los síntomas de esa paradoja: el diálogo va desapareciendo de la convivencia humana y, con él, la propia convivencia. Entonces la política tampoco es posible; su única posibilidad es la guerra. Lo cual es ya común cuando la política es cooptada por los medios. Cuando los actores, en medio de algún conflicto, acuden a los medios, es cuando estos reducen todo a su lógica: no median nada sino, al contrario, imposibilitan cualquier mediación. Porque los criterios que guían el accionar mediático son mercadotécnicos y, dentro de ellos, lo que importa es el espectáculo; la verdad, el sujeto y la realidad son desplazados por exigencias comerciales. El formato de las telenovelas pasa a ser el formato noticiero, dejando al público en un permanente estado de tensión, sumido en la incertidumbre, pronunciando aquello que, de uno u otro modo, resulta una trampa que montan los propios medios: “ya no hay a quién creerle”. Quien dice esto ya no cree pero, curiosamente, cree en aquel que le ha inducido a no creer en nadie: los medios. Es decir, la incredulidad reinante es la más crédula afirmación de un público que le otorga, inocentemente, a los medios, la autoridad sobre sus creencias.

La nueva religiosidad que inaugura la globalización ya no necesita iglesias. Sus nuevos templos son los medios, adonde concurren los feligreses, cada día, para saber qué comer, qué vestir y, lo más grave, qué opinar. El periodismo aparece como el nuevo sacerdocio del mercado global, donde las grandes cadenas y los monopolios mediáticos cotizan en su propia bolsa de valores: el rating. Este índice le sirve al mercado global para reproducirse al infinito, a costa siempre de lo finito: el ser humano y la naturaleza.

Los medios no toleran regulación alguna, porque actúan según el mercado: éste no tolera ningún Estado (salvo el que le sirve) porque no tolera regulación ni ley, salvo la suya: ésta dictamina que todo es mercancía, que nada es verdad ni moral ni ético, tampoco justo o sagrado, que todo es ofertable, vendible; por eso, la única libertad radica en la libertad de vender y venderse. Esta libertad escupe su grito a los cielos cuando se pretende nacionalizar la riqueza o cuando se propone el respeto a la naturaleza; porque si no todo es vendible, entonces se puede poner límites al mercado. Es cuando los medios decretan el estado de excepción.

El 2002 el golpe a Hugo Chávez fue mediático. El 2008, el golpe cívico-prefectural tuvo, en los medios, el lugar de articulación y emanación del racismo citadino. Esto es posible porque la sociedad boliviana es constitutivamente racista; su carácter colonial no es sólo institucional sino subjetivo y aparece cuando se encienden los dispositivos que despiertan sus más hondos prejuicios. La nueva colonización opera de modo sofisticado y tiene, a los medios, como a los ejecutores de una nueva invasión: ya no se trata de la conquista física sino espiritual. Los bombardeos son, ahora, mediáticos y ocurren todos los días y en todos los ámbitos de la convivencia humana. En las actuales “guerras de cuarta generación”, los medios ocupan un lugar fundamental, provocando derrumbes de procesos democráticos, para garantizar la expansión del mercado global. El poder que cuentan no es sólo económico sino político y esto es, precisamente, lo que se denomina mediocracia.

Los medios se vuelven operadores políticos y, como tales, se otorgan, para sí, la potestad de la interpretación de los hechos políticos. Ya no se actúa como medio sino como un fin en sí mismo. La realidad se hace prescindible y, en consecuencia, la verdad innecesaria. Por eso la identidad entre realidad y hecho informativo es falsa, porque la noticia resultante es producto de una “composición” de la realidad; en la “edición” de la noticia es donde la realidad se construye a partir de prerrogativas ideológicas que, en el peor de los casos, cuando hay racismo de por medio, el resultante es lo que pasó el 11 de septiembre de 2008: una masacre.

La asonada mediática fue preparando, sistemáticamente, la figura del “enfrentamiento”; configurando estereotipos que despertaron hondos prejuicios afincados en una subjetividad citadina, maleducada y deformada, no sólo por una educación discriminadora sino por la presencia cuasi omnímoda que operan los medios sobre la sociedad. La naturalización de las relaciones racistas de dominación son activadas, por lo general, mediante dispositivos que encienden la disponibilidad del público a agredir a su prójimo, sin remordimiento alguno; porque el racismo opera precisamente para otorgarle inocencia al agresor: si se trata de un indio, se trata de una llama. Por eso el “enfrentamiento” era lo inmoral por antonomasia: el bando de los “buenos” eran “jóvenes”, “población pandina”, “autonomistas”, “cívicos” y hasta “mártires por la democracia y el IDH”; los “malos” eran “sicarios pagados por el gobierno”, “hordas masistas”, “collas”, “campesinos que venían a sembrar terror”, “indios armados hasta los dientes”. Bajo esta escenografía, la “defensa” estaba bendecida y merecía hasta la llegada del Cristo redentor. La memoria del asesino acudía a su pasado sacrificial y encontraba en las arengas de las cruzadas la razón que justificaba su sed de venganza ante el atrevimiento de la plebe. Nos hicieron tragar el “enfrentamiento” para decir amén a la “defensa”; sin siquiera preguntar lo más sensato: ¿qué clase de “defensa” persigue a los supuestos “malos” hasta acribillarlos abusivamente mientras escapan desesperados por un rio? Aquello arrojó una suma de muertes, perseguidos y desaparecidos que, más que una “defensa”, era una brutal ofensa.

Para los medios, la masacre no existió. Si ésta no existió, las víctimas tampoco existen, por tanto, Leopoldo Fernández está preso injustamente. Esta distorsión se hace argucia legal y reivindicación política del racista que tiene, en los medios, un espacio hasta familiar. Si la verdad es rehén de los medios, es decir, su propiedad privada, lo que aparece es un totalitarismo con cara de inocencia. Objetarle algo resulta ir contra la libertad de expresión; proponer una regulación es dictadura, plantear una ley es persecución política.

Pero la comunicación es un bien público y no puede ser patrimonio privado. No puede dejarse al lucro privado lo que es condición de la convivencia humana. Ante la objeción del derecho a la libertad de prensa (confundida con la libertad de expresión), la respuesta de la comunidad política no puede ser otra que la de afirmar un derecho anterior a cualquier “derecho” que puedan objetar los monopolios de la comunicación: el derecho a la verdad. Sin este derecho se abre la posibilidad de la demolición moral de la comunidad. La comunicación no puede ser un negocio, así como la verdad no puede ser mercantilizada. Otorgar el ejercicio de la comunicación a intereses privados, cuyo fin es el lucro, significa el suicidio de una comunidad. Por ello, la recuperación pública del ejercicio de la comunicación, forma parte de una política de nacionalización y de recuperación de la soberanía de un Estado.

Hay un curioso discurso del presidente Einsenhower, de enero de 1961: “La influencia total (de esta conjunción entre un inmenso aparato militar y la industria armamentista) en lo económico, político y hasta espiritual es percibida en cada ciudad, cada institución, cada oficina del gobierno federal. Tenemos que protegernos contra la invasión de influencias incorrectas, intencionadas o no, del complejo militar-industrial. No debemos nunca permitir que la fuerza de esta combinación ponga en peligro nuestra libertad o nuestro proceso democrático”.

Ahora sabemos que los norteamericanos perdieron esa batalla y, con ella, su libertad y su democracia; por eso acabaron siendo un público domesticado dispuesto a justificar las más grandes atrocidades de los afanes imperialistas de ese complejo militar-industrial que gobierna ese país. Allí se desarrollaron las ciencias de la comunicación o, más bien, ciencias de la manipulación, que no es más que la formalización cientificista de la propaganda ideológica que había producido el régimen nazi. Goebbels lo decía de este modo: “no nos interesa comunicar la verdad sino lograr un efecto”. El poder mediático consiste, de ese modo, en generar efectos premeditados; su propósito ya no es la verdad sino la negación de ésta, como solía repetir ese ministro de propaganda e información nazi: “una verdad debe construirse a base de mentiras”. En el reino de la mentira se produce el monopolio de las comunicaciones; las grandes cadenas de información ya no informan; su propósito es otro: la humanidad, el planeta y la naturaleza, son sólo la escenografía de un apetito que se expande a todos los rincones del mundo: el mercado global o imperio del capital.

El poder mediático influye en casi todos los ámbitos de la existencia humana; coloniza nuestras conciencias generando una nueva religiosidad: la idolatría del mercado. El público es amaestrado según las necesidades del mercado; es decir, ya no es sujeto de decisiones sino objeto de las decisiones de este nuevo ídolo, que reclama un nuevo holocausto, para así tener libre acceso a todos los recursos planetarios. Por eso le otorga poder a los medios, con la garantía, además, de Estados irresponsables. Aparece un nuevo poder: la mediocracia. Este poder es político y operador idóneo que usa el imperio para desestabilizar procesos democráticos. Actuaron como operadores políticos de una estrategia bélica de recaptura del poder el 2008; y son quienes preparan la masacre, preparando a los verdugos de aquel genocidio. Por eso el 11 de septiembre la invención del “enfrentamiento” no buscaba describir nada sino confirmar su credo: los indios alzados merecían un escarmiento.

Si toda información consiste en la mentira, la calumnia, el chisme, la burla, entonces la información ya no informa ni comunica la realidad, sino la desfigura, la manipula y la deforma. Una regulación de medios es necesaria incluso para bien del propio ejercicio periodístico. Una historia: una creyente confiesa haber pecado de calumnia, busca el perdón. Su confesor le dice: cuando despiertes sube a la terraza de tu casa y lleva contigo una almohada de plumas, destrózala y esparce las plumas al aire. Ella lo hace y regresa, preguntando: ¿estoy ahora perdonada? La respuesta es: todavía no. Ahora debes volver y recoger todas las plumas y rellenar de nuevo la almohada. Pero eso es imposible, replica. Exactamente, dice el confesor. Es imposible remediar aquello. La calumnia es como las plumas que esparciste, no podrás deshacer aquello.

Un analista de Panamericana, en referencia a la ley que está por aprobarse, decía: no soy de izquierda ni de derecha, soy católico y creo que con esta ley sólo nos resta acudir a Dios. Parece que este analista no lee su Biblia. Si el “no mentiras” es un principio de nuestra constitución, también lo es del decálogo. Y lo que hicieron y hacen los medios, continuamente, es mentir cínicamente. Ese analista habla, por supuesto, para quienes, como él, no creen en la igualdad humana. Los Salmos, llaman a estos, impíos: “No tienen parte en las humanas aflicciones y no son atribulados como los otros hombres. Por eso la soberbia los ciñe como collar y los cubre la violencia como vestido. Ponen su boca en el cielo y su lengua se agita por la tierra. Por eso el pueblo se vuelve tras ellos. Helos ahí son impíos, pero tranquilos constantemente aumentan su fortuna” (73:3-12). ¿Qué dice el Eclesiástico?: “El rico hace injusticias y se gloría de ello; el pobre recibe una injusticia y debe pedir perdón. Si el rico habla, todos le aplauden; aunque diga necedades le dan la razón. Pero si el pobre habla, le insultan, habla con moderación y nadie le reconoce. Habla el rico y todos callan. Pero habla el pobre y dicen: ¿quién es éste? Y si dice algo más, todos se le echan encima” (4:29).

No es raro que la comisión episcopal se oponga a la ley anti-racismo; pero si nos oponemos a ella, ¿qué hacemos con los principios cristianos? Lo que se nos pide es romperlos. Sólo nos resta decirles, lo que decía otro masacrado: “perdónalos Señor porque no saben lo que dicen”. La masacre continúa cada día que nos roban el derecho a la verdad. Las víctimas son doblemente asesinadas y nosotros, al consentir aquello, nos hacemos cómplices de esa ejecución continua. Hay que señalar: no se puede hacer desaparecer a los medios, ni al periodismo, pero tampoco se les puede otorgar una libertad de acción irrestricta, impune e inmune a toda legislación pública. Recordemos: “No debemos permitir que la fuerza de esta combinación ponga en peligro nuestra libertad o nuestro proceso democrático”. La comunicación es un bien público y no puede ser privatizado y menos monopolizado por el lucro. Recuperarlo no es desprivatizarlo sino nacionalizarlo (porque no es patrimonio privado sino público). Nacionalizar el ámbito de los medios significa devolverles su propósito original: servir a su propia comunidad, promoviendo la educación y el desarrollo cultural y nacional de la comunidad que les dio origen y a la que se deben.

Rafael Bautista es autor de “LA MASACRE NO SERÁ TRASNMITIDA: EL PAPEL DE LOS MEDIOS EN LA MASACRE DE PANDO”


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violacion de Indígenas tlapanecas por militares Mexicanos en 2002



Publicado por: TONATIUH MALDONADO.

El gobierno panista de Vicente fox, y ahora el de Felipe calderon incubren a militares violadores.

Condena Corte Interamericana de Derechos Humanos al gobierno de México a reabrir casos de Inés y Valentina.

Anayeli García Martínez (CIMAC)

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), condenó al Estado mexicano por violar la integridad personal, y las garantías judiciales, de una debida investigación de las indígenas tlapanecas, y reconoció que Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, fueron violadas sexualmente por elementos del Ejército mexicano en 2002.


Al notificar esta tarde a los peticionarios del caso los resolutivos de las dos sentencias, la CIDH exhortó por segunda ocasión en este año al Estado mexicano, a reabrir la investigación de estos casos en la jurisdicción civil, y a reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, el cual establece actualmente que las violaciones a Derechos Humanos (DH), a manos de elementos castrenses, sean investigadas y sancionadas en la jurisdicción militar.

Estas son las dos primeras sentencias que condenan al Estado mexicano por violencia sexual ejercida contra mujeres indígenas por elementos de las fuerzas armadas. En ellas el Estado mexicano estaría obligado a brindar servicios adecuados de salud y hacer reformas para que cuando un tribunal civil decline su competencia a uno militar, los civiles puedan exigir que no sea así.

La CIDH les notificó a los peticionarios de las resoluciones, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan) los resolutivos de la sentencia.

Alejandra Nuño de Cejil y Santiago Aguirre de Tlachinollan, abogados que llevan estos casos, dijeron que otra de las obligaciones fijadas por la Corte para el Estado mexicano es que se implementen protocolos de atención integral para las dos víctimas.

Inés y Valentina fueron agredidas por militares en momentos y lugares distintos: Valentina el 16 de febrero de 2002 en Barranca Bejuco y un mes después, el 22 de marzo de 2002, Inés en Barranca Tecuani, Guerrero.

Cabe mencionar que estos casos llegaron a la CIDH, luego de que la Comisión Interamericana de DH considerara que el Estado mexicano fue responsable de los hechos, en particular de la falta de investigación adecuada de las alegaciones de tortura y a la utilización del fuero militar para la investigación y juzgamiento de violaciones a los DH.

De acuerdo con los representantes legales de las víctimas, se espera que la Corte Interamericana, notifique al Estado mexicano de la sentencia en los próximos días, y que se haga pública esta semana.

Pero ya es conocida a nivel internacional la voluntad del gobierno de Felipe calderón de utilizar al ejército para obedecer las órdenes norteamericanas y exterminar a los grupos indígenas de México. Se confirmara la regla de oro, que en México, no hay justicia para los indígenas. Igual que durante las falsas campañas de vacunación en Guatemala, por norteamericanos enfocadas a exterminar a los indígenas de ese país.


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Aumentará en 17 % los gastos de defensa Rusia para 2011.



Publicado por: TONATIUH MALDONADO.

Rusia se prepara para confrontación militar indirecta.

CRIA NOVOSTI

El proyecto del presupuesto federal de Rusia para 2011 prevé aumentar en el 17% los gastos en la Defensa en relación con el año presente, hasta 1.500 billones de rublos (casi 50 millones de dólares), informó el jefe del Comité de Defensa de la Duma de Estado (cámara baja del parlamento ruso), Víctor Zavarzin.


"Respecto a la seguridad social de los militares planeamos indexar las pagas de los militares en el 6,5% a partir del 1 de abril de 2011, y las pensiones en consecuencia" dijo el diputado al agregar que en 2011 el gobierno aumentará en más de 20% la remuneración complementaria de los militares lo que "tendrá un efecto positivo en la situación económica de los oficiales y sus familias".

El gobierno presentó el proyecto del presupuesto a la Duma el pasado 30 de septiembre, los diputados examinarán el documento el próximo 20 de octubre. Así que las autoridades aumentan paulatinamente los gastos para el mantenimiento del Ejército, indicó Zavarzin.

El diputado resaltó que hoy "tenemos un objetivo concreto de garantizar un mantenimiento social digno para los soldados, el reequipamiento del Ejército con técnica militar moderna", asimismo indicó que "en su mensaje presupuestario el presidente de Rusia destacó las prioridades de la política presupuestaria de los próximos años... y ahora es el aumento de gastos para la defensa nacional".


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Talibanes reivindican ataques a camiones de la OTAN en Pakistán



Publicado por: TONATIUH MALDONADO.

Agrupaciones talibanes paquistaníes reivindicaron hoy la autoría de dos ataques terroristas perpetrados el pasado viernes y sábado en los que fueron incendiados cerca de 60 camiones con combustible destinados a las fuerzas de la OTAN en Afganistán, reveló el portavoz de los insurgentes en Pakistán, Azam Tariq.


"Reivindicamos los ataques contra los convoyes con carburante de la OTAN, que se produjeron en la provincia Sind e Islamabad", dijo Tariq, citado por la agencia France Press.

Los atentados tuvieron lugar días después de una ofensiva aérea de helicópteros de la Alianza Atlántica, con base en Afganistán, que acabó con la muerte de tres militares paquistaníes en zona tribal situada a lo largo de la frontera con Afganistán.

El movimiento de los talibanes paquistaníes, aliado al grupo terrorista Al Qaeda, es responsable de una ola de atentados, en su gran mayoría suicidas, que ocasionaron más de 3.700 muertos en todo el país durante los últimos años.

Heroica lucha del pueblo Talibán, que durante cientos de años ha resistido ocupaciones extranjeras, a costa de su propia vida, el pueblo afgano, lucha por su libertad y su independencia, contra el ejército multinacional encabezado por los estados unidos.


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Colonos judíos profanan mezquita sagrada en Belén.



Publicado por: TONATIUH MALDONADO.


Una mezquita de la localidad cisjordana de Beit Fajar (Belén) fue profanada anoche, informó hoy la agencia palestina Maan, que atribuyó la responsabilidad del ataque a un grupo de colonos israelíes.


Un portavoz militar aseguró que ya se inició una investigación del caso.

Según Maan, un grupo de personas prendió fuego a las alfombras de la mezquita, y en el incendio se quemaron varias copias del Corán.

La radio militar israelí agregó que habitantes de la localidad dijeron que vieron un automóvil israelí mientras se alejaba a gran velocidad en dirección al asentamiento judío de Gush Etzion.

Desde hace varios días se advierte en Cisjordania una creciente tensión entre colonos y habitantes palestinos.



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Trabajador muere al ser perseguido por tropas de Israel



Publicado por: TONATIUH MALDONADO.


Shehda Karaja, un trabajador palestino de 55 años, murió el lunes de un ataque cardiaco, mientras que era perseguido por los soldados israelíes en la ciudad de Hebrón, en Cisjordania, según informaron fuentes médicas.


De igual manera, anotaron que el trabajador perdió la vida después de que los soldados israelíes lanzaran gas lacrimógeno contra un grupo de trabajadores palestinos que buscaban traspasar la barrera de seguridad israelí que divide al Estado hebreo de Cisjordania, en la búsqueda de oportunidades laborales en Israel.

Asimismo, un trabajador palestino de Hebrón fue abatido el domingo por la policía israelí, mientras que intentaba ingresar a Jerusalén, para trabajar en esa ciudad.

Cientos de palestinos sin trabajo arriesgan sus vidas al intentar llegar a Israel, para buscar trabajo en el mercado laboral, ya que la tasa de desempleo en los territorios palestinos es de 60 por ciento.


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Mayoría de israelíes apoyan la construcción de asentamientos en Cisjordania.



Publicado por: TONATIUH MALDONADO.

Un 54% de los israelíes apoyan la postura del gabinete de ministros del país sobre continuación de la construcción de asentamientos de colonos, a pesar del probable fracaso de las próximas conversaciones de paz con palestinos, según una encuesta reciente.


Realizada por el Instituto Dahaf, el sondeo reveló que sólo un 39% apoyan la congelación de las obras.

No obstante, sociólogos del Instituto precisan que la encuesta fue realizada antes de que en la prensa publicara información sobre el paquete de estímulos que el gobierno estadounidense supuestamente propone a Israel a cambio de prolongación de la moratoria sobre la construcción de asentamientos judíos en los territorios palestinos ocupados.

Según datos no oficiales, Estados Unidos promete a Israel apoyar su postura en una serie de cuestiones clave sobre el arreglo definitivo, lo que supone prolongar presencia militar de larga duración en Cisjordania.

La encuesta se realizó por teléfono, entre israelíes mayores de edad, incluida la minoría árabe.

En Cisjordania, ocupada por Israel en 1967, hay más de un centenar de asentamientos judíos, donde habitan alrededor de 300.000 colonos.

Otras 200.000 personas viven en Jerusalén Este, que según la comunidad internacional, también forma parte de territorios ocupados.


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Álvaro Colom califica como delito de lesa humanidad en experimentos de médicos estadounidenses a la población guatemalteca.



Publicado por: TONATIUH MALDONADO.

Atención hijos de la televisión, para los que todavía son inocentes y confían en los misioneros que traen campañas de vacunación gringas.
CERIGUA

El presidente Álvaro Colom, calificó como “delito de lesa humanidad” los experimentos realizados por médicos estadounidenses a mil 500 guatemaltecos, entre trabajadoras sexuales, presos, soldados y pacientes de hospitales mentales, que fueron infectados de sífilis, gonorrea y chancros entre 1946 y 1948, durante en el gobierno de Juan José Arévalo.


Estas investigaciones se hicieron con fondos de Estados Unidos y a través de varios ministerios del gobierno guatemalteco de ese período; las experimentos se referían a medicinas de enfermedades de transmisión sexual dijo Colom a medios locales

El Mandatario agregó que el gobierno guatemalteco se reserva el derecho de la denuncia oportuna, sin embargo afirmó que ve buenas intenciones por parte de Estados Unidos, con el cual ya se ha acordado integrar una comisión binacional para la investigación, a fin de deducir responsabilidades.

Según la información, Colom recibió la tarde del pasado jueves una llamada del Presidente Barack Obama, quien le expresó su profundo pesar respecto al estudio realizado por el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos en la década de 1940.

Por la mañana de ese mismo día Colom reveló que la secretaria de Estado, Hillary Clinton, le había informado sobre los documentos; según la explicación de Clinton, se usaron métodos para generar enfermedades de transmisión sexual entre la población guatemalteca.

Algunos representantes del gobierno y sectores de la sociedad compararon los experimentos realizados por Estados Unidos con las políticas genocidas de la Alemania nazi.

La diputada Zury Ríos, integrante de la Comisión de Salud del Congreso, dijo que pedir perdón es importante porque hubo 64 años de silencio, pero agregó que no puede haber disculpa sin restitución, por lo cual el Ejecutivo debería exigir a Estados Unidos una compensación de al menos 50 millones de dólares por año.

Alfonso Bauer Paiz, ex ministro de Trabajo y de Economía en el gobierno de Jacobo Arbenz, posterior al de Juan José Arévalo, período durante el cual cuando se realizaron los experimentos, mostró su incredulidad a la supuesta anuencia de Arévalo a que se llevaran a cabo.

El hallazgo de las pruebas hechas a guatemaltecos salió a luz cuando la profesora Susan Reverby, del Wellesley Collage, descubrió unos documentos archivados por el médico John Cutler, del Laboratorio de Investigaciones Sobre Enfermedades Venéreas del Servicio de Salud Pública, quien condujo el estudio engañando a personas vulnerables y sin su consentimiento, según las publicaciones.



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Coronel arrestado en Ecuador por el intento de golpe de estado, fue alumno de la siniestra Escuela de las Américas



Publicado por: TONATIUH MALDONADO.

Jean-Guy Allard

Por lo menos uno de los tres coroneles arrestados en Ecuador, entre otras cosas por intento de asesinato del Presidente Correa, hizo una estancia de estudios en la siniestra academia militar norteamericana llamada Escuela de las Américas para un entrenamiento activo.


Los archivos revelan como Manuel E. Rivadeneira Tello, estuvo en esta institución norteamericana donde se prepararon, desde varias décadas, varios de los personajes más repugnantes de la historia de las dictaduras que sufrió América Latina.

La School of the Americas (en español, Escuela de las Américas), es situada en Fort Benning, en la localidad estadounidense de Colombus, Georgia. Su misión principal siempre fue de servir como instrumento para preparar a militares latinoamericanos a “cooperar” con los Estados Unidos.

Manuales militares de instrucción de esta institución desclasificados en 1996 promueven explícitamente la violación de derechos humanos por el uso de la tortura e incluso el asesinato. Un presidente de Panamá, llamó a la SOA «la base gringa para la desestabilización de América Latina».

Según el senador demócrata Martin Meehan: «Si la Escuela de las Américas decidiera celebrar una reunión de ex alumnos, reuniría algunos de los más infames e indeseables matones y malhechores del hemisferio».

Los policías arrestados comparecerán ante un magistrado que decidirá si los mantiene en prisión. Los dos otros coroneles fueron identificados como Julio César Cueva y Marcelo Echeverría.

Un escolta del presidente Correa, mostró ayer cuatro impactos de fusil, tres en el capot y uno en el parabrisas del carro, que lo trasladó al Palacio de Gobierno tras su rescate. Demuestran el objetivo de atentar contra la vida del Jefe de Estado.



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Un golpe Made en USA. Aquí están las pruebas de Ecuador.



Publicado por: TONATIUH MALDONADO.

Eva Golinger

¿Qué sucede cuando un país latinomamericano ordena la salida de una base militar de Estados Unidos, minimiza su relación con Washington, rechaza al modelo neoliberal y al mismo tiempo aumenta su cooperación con Irán y Venezuela?.


Washington comenzó a mover sus piezas para desestabilizar al gobierno de Rafael Correa en Ecuador durante el año pasado, luego del golpe de Estado existoso contra el Presidente Manuel Zelaya en Honduras. No imaginaban que iba a ser muy dificil. De hace años las agencias de Estados Unidos penetraron los sectores militares, policiales, políticos, económicos y sociales en Ecuador, captando agentes y colocando sus elementos en posiciones claves de influencia.

Antecedentes

Durante las elecciones presidenciales en Ecuador en 2006, Washington estaba muy molesto con la candidatura de Rafael Correa, un joven economista educado en Estados Unidos pero con una visión política totalmente contraria al model neo-liberal capitalista. Un cable parcialmente desclasificado de mayo 2006 enviado de la Embajada de Estados Unidos en Quito a la Secretaria de Estado Condoleezza Rice en Washington y al Comando Sur del Pentágono, comentaba, “El candidato anti-estadounidense y populista Rafael Correa está atrás en las encuestas, con menos de 10% de apoyo…”

Aunque no estaban preocupados en un principio por la posibilidad de una victoria de Correa, de igual manera, el Departamento de Estado invertió millones de dólares en la campaña electoral a través de varios grupos políticos y sociales. Al estilo de la organización venezolana Súmate, que fue creada con dinero de la USAID y National Endowment for Democracy (NED) en 2003 para liderar campañas políticas contra el Presidente Hugo Chávez, en Ecuador establecieron Participación Ciudadana, encargada de “observar” al proceso electoral, apoyada con el dinero estadounidense.

En el mismo cable del Departamento de Estado de mayo 2006, la embajada solicitó fondos adicionales para “Participación Ciudadana y el grupo indígena Fundación Quel’qaj…y 650 mil dólares para CAPEL para entrenar trabajadores electorales en todos los niveles”.

Dos meses antes, el Cónsul de Estados Unidos en Guayaquil, la capital económica de Ecuador, estaba realizando reuniones con los candidatos favorables a los intereses estadounidenses, incluyendo a León Roldos y el ex-Presidente Lucio Gutiérrez. Un cable parcialmente desclasificado enviado por el Cónsul a la Secretaria de Estado en marzo 2006 destacaba como Gutiérrez “solicitó al gobierno de Estados Unidos asumir una línea más agresiva contra Chávez, cuya influencia regional está creciendo. En Ecuador, el candidato presidencial Rafael Correa tiene acceso a mucho dinero, y Gutiérrez indicó que venía de fuentes venezolanas”, aunque no presentó pruebas de dicha acusación.

Pero mientras avanzaba la campaña electoral en 2006 y la candidatura de Rafael Correa ganaba en puntos, la embajada cambió su curso y solicitó una reunión con él y su equipo. Otro cable parcialmente desclasificado de la embajada de Estados Unidos en Quito de noviembre 2006, está vez enviado a la Secretaria de Estado, las embajadas de Estados Unidos en Bogotá, Caracas, La Paz, Lima, el Consulado en Guayaquil, y la Agencia de Inteligencia del Departamento de Defensa (DIA) y el Comando Sur, hablaba de la reunión entre el embajador de Estados Unidos y el candidato Rafael Correa, “Desde que el embajador se reunió con Correa, otros funcionarios de la embajada se han encontrado con miembros de los equipos de campaña de Noboa y Correa, para abrir el diálogo, señalar la neutralidad de Estados Unidos y desarrollar puentes con miembros claves del nuevo gobierno”.

Aún Washington esperaba que si ganara Correa, lo podían subordinar. Pero no fue así.

Luego de su toma de posesión en 2007, el Presidente Correa comenzó a estrechar los vínculos con Venezuela. Se unió a la Alianza Bolivariana de las Americas (ALBA) como miembro observador hasta el 2009 cuando se incorporó como miembro pleno del grupo junto a Bolivia, Cuba, Honduras, Nicaragua, Venezuela y las islas caribeñas de Antigua y Barbuda, Dominica y San Vicente y las Grenadinas.

En 2007, convocó una constituyente nacional para redactar una nueva Constitución, como hizo Chávez en Venezuela y Evo Morales en Bolivia, la cual fue aprobada en referéndum nacional el 28 de septiembre de 2008. Basada en la nueva Constitución, hubo elecciones presidenciales de nuevo en abril 2009, y Correa ganó con más de 55% del voto, seguido por Lucio Gutiérrez con 28%.

Elementos de injerencia

El primero de marzo de 2008, el gobierno de Colombia ejecutó una invasión ilegal en territorio ecuatoriano para bombardear un supuesto campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia (FARC). La acción causó una ruptura en relaciones entre Ecuador y Colombia, y luego Venezuela también rompió relaciones con Colombia como muestra de solidaridad y rechazo a sus agresiones. Como era de esperarse, Estados Unidos respaldó a Colombia en medio de la crisis regional.

Basado en supuestas evidencias conseguidas durante la operación militar en Ecuador, el gobierno de Colombia acusó al Presidente Correa de sostener vínculos con las FARC, grupo considerado “terrorista” por Washington y Colombia.

En diciembre 2008, el Presidente Correa realizó una visita oficial a Irán, reuniendose con el Presidente Mahmoud Ahmadinejad para estrechar la relación Ecuador-Iráni. Firmaron varios acuerdos y anunciaron la apertura de embajadas en sus distintos países.

Del 2007 al 2008, el comercio entre Ecuador e Irán creció de 8 millones de dólares a 168 millones de dólares. En 2009, Irán otorgó un crédito de 40 millones de dólares a Ecuador para financiar la construcción de dos plantas eléctricas. Y en 2010, el Vice Presidente de Ecuador, Lenín Moreno, realizó una visita a Irán para firmar un acuerdo para la construcción de tres centros hidroeléctricos con tecnología iraní.

Todo esto fue de gran molestia para Washington y en varias ocasiones, altos funcionarios del gobierno estadounidense intentaron convencer al Presidente Correa de que su relación con Irán no era bien visto por el norte. Correa respondió, “Nosotros no tenemos nada en contra de Irán. Irán no ha hecho nada en contra de nosotros…No vamos a dejar de acercarnos a Irán porque los Estados Unidos lo tiene en su lista negra”.

En un intento de bajar las tensiones y buscar una manera de socavar la relación entre Ecuador y Venezuela, y Ecuador e Irán, la Secretaria de Estado Hillary Clinton realizó una breve visita oficial a Ecuador el 9 de junio de 2010. Durante unas dos horas Clinton sostuve una reunión con el Presidente Correa y salieron sonrientes y abrazados, expresando respeto mútuo y ganas de trabajar para objetivos compartidos.

No obstante, la luna de miel fue bien corta. Clinton no logró frenar la integración entre Ecuador e Irán, y menos entre Ecuador y Venezuela. Sectores de la derecha estadounidense no querían esperar más. Tres años luego de su primera elección, los planes de golpe continuaban en marcha contra el Presidente Correa. [Nota: Seis golpes de Estado, o intentos de golpe de Estado, promovidos por Washington en América Latina han ocurrido luego del tercer año del gobierno: Chile (1970-1973); Venezuela (1999-2002); Haiti (2001-2004); Bolivia (2005-2008); Honduras (2006-2009) y Ecuador (2007-2010)].

La base militar

Fue en 1999 que el gobierno de Ecuador firmó un acuerdo permitiendo a Estados Unidos establecer una base militar en su territorio. La base en Manta se convertió rápidamente en centro de operaciones militares de Estados Unidos en la región andina-sur. De allí, el Pentágono realizaba misiones de espionaje, inteligencia y reconocimiento por toda la región. Manta garantizaba un espectro amplio desde el Comando Sur en el estado Florida en Estados Unidos hacia sus bases operativas en Comalapa, El Salvador, Aruba y Curazao, y hasta su presencia militar en Colombia y Ecuador. Unos 500 militares estadounidenses ocupaban a Manta, junto a una cantidad de contratistas privados. Aunque el acuerdo inicial era para combatir al “narcotráfico”, Manta fue utilizada como un centro de operaciones contra la guerrilla colombiana.

El acuerdo que permitía a Estados Unidos la ocupación y uso de Manta (sin pagar nada a Ecuador) venció en 2009. El Presidente Correa había dicho anteriormente que no firmaría la renovación del convenio y de esa manera, los militares estadounidenses tendrían que salir de Ecuador. “Podemos negociar con Estados Unidos sobre una base en Manta si ellos nos permiten poner una base militar en Miami”, declaró Correa durante su campaña.

Y aunque Washington intentó presionar a Correa para permitir la permanencia de la base, Correa mantuvo su posición con firmeza. Luego fue descubierto que las fuerzas estadounidenses habían utilizado a Manta para ejecutar la operación militar conjunta con Colombia aquel 1 de marzo 2008 en territorio ecuatoriano, sin la autorización del gobierno de Ecuador.

Cuando Estados Unidos salió de Manta en 2009, el Ministro de Defensa de Ecuador, Javier Ponce, anunció que Ecuador solicitaría ayuda de Irán para colaborar en materia de defensa. Obviamente, Washington no estaba contento.

En 2010, el Informe Anual de Amenazas de la Dirección Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, entidad que coordina las 16 agencias de inteligencia de Washington, dedicó por primera vez unas líneas a Ecuador, “El Presidente Rafael Correa de Ecuador, luego de modificar la Constitución para permitirse un segundo mandato, fue reelegido en 2009. Relaciones con Estados Unidos no han sido buenas especialmente desde que Correa terminó el uso estadounidense de la base aérea en Manta en 2008 y redujo la cooperación contra el narcotráfico”.

Washington estaba muy afectado y molesto por haber perdido su base en Manta, y más aún, por haber perdido control sobre el gobierno de Ecuador.

El golpe de Estado en Honduras que ocurrió el 28 de junio de 2009 contra el gobierno de Manuel Zelaya también tuvo como causa central una base militar de Estados Unidos, en Soto Cano. Zelaya quería terminar el uso estadounidense de la base en Soto Cano, que es una de las bases militares más importantes para las operaciones militares de Estados Unidos en la región. No lo podían permitir, y el golpe contra Zelaya lo impidió.

El golpe

Durante el intento de golpe en Ecuador el jueves 30 de septiembre, el ex Presidente Lucio Gutiérrez declaró en una entrevista televisada que “El fin de la tiranía de Correa está cerca”, pidiendo además “disolver el Parlamento y llamar a elecciones presidenciales anticipadas”.

El Presidente Correa denunció luego que personas vinculadas a Gutiérrez estaban infiltradas en los grupos de policías que provocaron el caos. Gutiérrez, quien se encontraba en Brasil, es un conocido aliado del ex Presidente George W. Bush. Días después de asumir la presidencia en Ecuador en 2003, Gutiérrez fue recibido por Bush en la Casa Blanca. El presidente estadounidense declaró en aquel momento que Gutiérrez era “El mejor aliado y amigo de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”.

Poco después, Gutiérrez autorizó a las fuerzas armadas estadounidenses el uso pleno del territorio ecuatoriano para sus operaciones militares. También se subordinó a los intereses de multinacionales y petroleras estadounidenses buscando explotar las reservas ecuatorianas.

Pero en noviembre 2003, apenás en su primer año de gobierno, Gutiérrez fue acusado de recibir financiamiento del narcotráfico. El periódico quiteño, El Comercio, reveló que los hermanos Luis y César Fernández, reconocidos narcotraficantes, habían contribuido 30 mil dólares a la campaña electoral de Gutiérrez. César Fernández, ex gobernador de la provincia de Manabi, fue jefe de campaña de Gutiérrez en esa región. En años anteriores, Fernández fue encarcelado por sus vínculos con un cartel internacional basado en México.

Gutiérrez confesó durante una entrevista televisada en Ecuador que, “todos los políticos tienen que buscar el apoyo de Fernández en Manabi”.

En respuesta a la delicada situación en que se encontraba su mejor aliado en la región, Bush envió su Asesor Especial para América Latina, Otto Reich - cubanoamericano responsable por las operaciones psicológicas y guerra sucia en América Latina durante los años ochenta, y el director de las operaciones terroristas contra Cuba – a Ecuador. Reich llegó a Quito para expresar el apoyo de Washington a Gutiérrez, declarando ante la prensa en medio del escándalo que “El gobierno de Ecuador sigue siendo un amigo muy cercano a los Estados Unidos”.

Para Washington, lo importante no era si Gutiérrez fuera narcotráficante o corrupto, sino si se subordinara a la agenda imperial.

Cuando Gutiérrez fue derrocado en una rebelión popular en 2005, y brevemente encarcelado por corrupción, Washington no le quitó su apoyo. Desde entonces, Gutiérrez ha mantenido sus vínculos con la derecha estadounidense, y lo siguen apoyando para que regrese al poder.

Militares

Washington también ha mantenido contactos dentro de las fuerzas de seguridad de Ecuador. Durante el golpe del 30 de septiembre, estos elementos fueron activados.

Según el periodista Jean-Guy Allard, “por lo menos uno de los tres coroneles arrestados en Ecuador, entre otras cosas por intento de asesinato del Presidente Correa, hizo una estancia de estudios en la siniestra academia militar norteamericana llamada Escuela de las Américas para un entrenamiento activo”.

“Los archivos revelan como Manuel E. Rivadeneira Tello, estuvo en esta institución norteamericana donde se prepararon, desde varias décadas, varios de los personajes más repugnantes de la historia de las dictaduras que sufrió América Latina. La Escuela de las Américas es situada en Fort Benning, en la localidad estadounidense de Colombus, Georgia. Su misión principal siempre fue de servir como instrumento para preparar a militares latinoamericanos a “cooperar” con los Estados Unidos”, relató Allard.

Según la organización School of the Americans Watch, “Miles de tropas ecuatorianas han sido formadas en la Escuela de las Américas. La Escuela de las Américas tiene una larga historia involucrada en golpes militares en América Latina. En abril 2002, el gobierno democrático de Chávez en Venezuela fue brevemente derrocado, y los militares entrenados en la Escuela de las Américas, Efraín Vásquez Velasco y el General Ramirez Poveda, estuvieron involucrados en el golpe”.

“Desde 1946, la Escuela de las Américas ha formado más de 60 mil soldados latinoamericanos en técnias de contrainsurgencia, asesinato, guerra psicológica, inteligencia e interrogación”.

En Ecuador, un escolta del Presidente Correa, mostró, el día después del golpe, cuatro impactos de fusil, tres en el capot y uno en el parabrisas del carro que lo trasladó al Palacio de Gobierno tras su rescate. Esta evidencia demuestra el objetivo de atentar contra la vida del Jefe de Estado.

Policía infiltrada

Las fuerzas de seguridad en Ecuador que participaron en el golpe también han sido penetradas por las agencias estadounidenses. Un informe secreto de la Agencia de Inteligencia del Departamento de Defensa (DIA) del 15 de diciembre de 1999 reveló como la Policía Nacional de Ecuador “ha cooperado muy bien con Estados Unidos. Con asistencia de la embajada de Estados Unidos, en 1995 la PNE inauguró la organización anti-terrorista GEMA”.

Esa cooperación con Estados Unidos ha permitido una profunda infiltración en las fuerzas de seguridad ecuatoriana. Según el periodista Jean-Guy Allard, un informe oficial del Ministro de Defensa de Ecuador, Javier Ponce, difundido en octubre 2008 evidenció “como diplomáticos norteamericanos se dedicaban a corromper a la policía y las Fuerzas Armadas”.

El informe afirmó que unidades de la policía “mantienen una dependencia económica informal con Estados Unidos, para el pago de informantes, capacitación, equipamiento y operaciones”.

En respuesta a la información, la actual embajadora de Estados Unidos en Ecuador, Heather Hodges, declaró “Nosotros trabajamos con el gobierno de Ecuador, con los militares y con la policía para fines muy importantes para la seguridad”, justificando la colaboración.

La embajadora

La embajadora Heather Hodges fue enviada a Ecuador en 2008 por el entonces Presidente George W. Bush. Anteriormente, tuvo una gestión exitosa como embajadora en Moldovia, país socialista que antes formaba parte de la Unión Soviética. En Moldovia dejó sembrado la pista para una “revolución de colores” que ocurrió, sin éxito, en abril 2009 contra la mayoría elegida del partido comunista en el parlamento.

Hodges estuvo frente a la Oficina de Asuntos Cubanos, como Subdirectora en 1991, división del Departamento de Estado que se dedica a promover la desestabilización en Cuba. Dos años después, fue enviada a Nicaragua, para consolidar la gestión de Violeta Chamorro, presidenta seleccionada por Estados Unidos luego de la guerra sucia contra el gobierno Sandista que logró su salida del poder en 1989.

Cuando Bush la envió a Ecuador, era con la intención de sembrar la desestabilización contra Correa, en caso de que el presidente ecuatoriano se negaba a subordinarse a la agenda de Washington. Hodges logró incrementar el presupuesto de la USAID y NED para organizaciones sociales y grupos políticos que promueven los intereses de Estados Unidos, incluso en el sector indígena.

Frente a la posible reelección del Presidente Correa en 2009, la embajada comenzó a fomentar desestabilización. La semana antes del golpe en Ecuador, fuentes confiables cuentan que los encargados de seguridad de las embajadas de Estados Unidos en Centroamérica, dónde el año pasado realizaron el golpe en Honduras, se mobilizaron hacia Ecuador.

Manos blancas

No es coincidencia que en 2008, líderes estudiantiles de la oposición en Venezuela, financiados por las agencias de Washington, viajaron a Ecuador para realizar una serie de conferencias y talleres con jovenes ecuatorianos. Yon Goicochea, conocido dirigente del partido Primero Justicia (de la extrema derecha), quien también recibió un “premio” de 500 mil dólares del ultraconservador Instituto Cato en Washington, fue fundador del grupo “manos blancos” en Venezuela que buscó impulsar una “revolución de colores” contra el gobierno de Hugo Chávez en 2007.

En mayo 2008, Goicochea, junto a Geraldine Álvarez, dirigente estudiantil de oposición, realizó conferencias en la Universidad Católica en Quito, buscando fomentar un movimiento de “manos blancas” para enfrentar al Presidente Correa. Justo ese año se realizaba el referéndum nacional para aprobar la nueva constitución que, entre otras cosas, permitiría la reelección de Correa. Días después de la visita de Goicochea, grupos de estudiantes contra Correa comenzaban a protestar en las calles, pero en aquel momento, no tuvieron mayor impacto sobre el proceso electoral.

USAID - Sociedad civil

Como siempre, gran parte de la ayuda estadounidense se dirige a la sociedad civil, para fomentar descontento con el gobierno y consolidar un movimiento opositor que promueve los intereses de Washington. En el caso de Ecuador, la ayuda estadounidense, principalmente canalizada a través de la USAID y la NED, ha apoyado a organizaciones de izquierda tanto como de derecha.

Durante los últimos años, algunos grupos sociales progresistas han expresado su descontento con las políticas del gobierno de Correa. No hay duda de que existen legítimas quejas y reclamos a su gobierno. No todos los grupos u organizaciones que están en contra de las políticas de Correa son agentes imperiales. Pero sí existe un sector dentro de ellos que recibe financiamiento y lineamientos para provocar situaciones de desestabilización en el país, más allá de las expresiónes naturales de crítica u oposición a un gobierno.

En el 2010, el Departamento de Estado aumentó el presupuesto de la USAID en Ecuador a más de 38 millones de dólares. En los últimos años, un total de $5,640,000 en fondos fueron invertidos en el trabajo de “descentralización” en el país. Uno de los principales ejecutores de los programas de la USAID en Ecuador es la misma empresa que opera con la derecha en Bolivia: Chemonics, Inc. que ha estado financiado a los sectores separatistas en el país andino e incluso, aquellos que intentaron ejecutar un golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales en 2008.

Organizaciones en Ecuador como Participación Ciudadana y Pro-justicia ha dispuesto de financiamiento de USAID y NED, tanto como miembros y sectores de CODEMPE, Pachakutik, la CONAIE, la Corporación Empresarial Indígena del Ecuador y la Fundación Qellkaj.

El partido político Red Ética y Democracia (RED) también recibió financiamiento y capacitación de la NED y USAID, via el Instituto Demócrata Nacional (NDI) desde por lo menos el año 2005. Del 2005 al 2007, documentos desclasificados evidencian además como la USAID financió a Participación Ciudadana para “conducir un programa de capacitación en liderazgo y política para jovenes”.

La congresista Martha Roldós del partido RED también fue financiada por USAID/NED/NDI. En 2009, Roldós fue candidata presidencial contra Correa. Su campaña fue principalmente fundamentada en atacar al Presidente Correa, sin presentar una agenda política alternativa.

El dinero de la USAID/NED en Ecuador también ha sido utilizado para penetrar e infiltrar los movimientos indígenas, como han hecho en Bolivia, con la intención de sembrar una oposición a Correa en uno de los sectores más progresistas e influyentes de la sociedad ecuatoriana.

Y la estrategia ha dado frutos.

Durante los acontecimientos del jueves 30 de septiembre en Ecuador, uno de los grupos progresistas financiados por la USAID y NED, Pachakutik, emitió un comunicado respaldando a la policía golpista y exigiendo la renuncia del Presidente Rafael Correa y responsabilizándolo por los hechos. Incluso, lo acusó de mantener una “actitud dictatorial”. Pachakutik entró en alianza política con Lucio Gutiérrez en 2002 y su vínculo con el ex-presidente es muy conocido:

“PACHAKUTIK PIDE LA RENUNCIA AL PRESIDENTE CORREA Y LLAMA A CONFORMAR UN SOLO FRENTE NACIONAL

Boletín de Prensa 141

El Jefe de Bloque del Movimiento Pachakutik, Cléver Jiménez, ante la grave conmoción política y crisis interna, generada por la actitud dictatorial del Presidente Rafael Correa, al violentar los derechos de los servidores públicos y de la sociedad en su conjunto, convocó al movimiento indígena, movimientos sociales, organizaciones políticas democráticas, a constituir un solo frente nacional para exigir la salida del Presidente Correa, al amparo de lo que establece el Art 130, numeral 2 de la Constitución, que dice: “La Asamblea Nacional podrá destituir al Presidente de la República en los siguientes casos: 2) Por grave crisis política y conmoción interna”.

Jiménez respaldó la lucha de los servidores públicos del país, incluyendo a los policías de tropa que se encuentran movilizados en contra de las políticas autoritarias del régimen que pretende conculcar derechos laborales adquiridos. La situación de los policías y miembros de las Fuerzas Armadas debe ser entendida como una justa acción de servidores públicos, cuyos derechos han sido vulnerados.

Pachakutik está convocando para esta tarde a todas las oganizaciones del movimiento indígena, a los trabajadores, hombres y mujeres democráticos a construir la unidad y preparar nuevas acciones en rechazo al autoritarismo de Correa, en defensa de los derechos y garantías de todos los ecuatorianos.

Responsable de Prensa
BLOQUE PACHAKUTIK”

Conclusión

Toda esta evidencia, aunque incompleta, demuestra sin duda que la agresión imperial fue activada una vez más contra un gobierno que se negaba a subordinar a la agenda de Washington. No obstante, el golpe fue precipitado. Todas las piezas no estaban en su lugar y el golpe no se logró concretar.

Es por esa razón, que la primera declaración del Departamento de Estado cuando apenás estaba comenzando el golpe, fue un simple “estamos vigilando la situación de cerca en Ecuador”.

No fue sino varias horas después, cuando ya una mayoría de gobiernos regionales habían condenando al golpe y a su vez, expresado su apoyo contundente al Presidente Correa, que la Secretaria de Estado Hillary Clinton emitió una declaración de tres líneas “repudiando la violencia y la violación del estado de derecho y expresando nuestro apoyo al Presidente Rafael Correa y las instituciones democráticas del país”.

La derrota del golpe en Ecuador no significa que el objetivo de acabar con el gobierno de Rafael Correa no siga en marcha. Ecuador es una pieza clave en la conspiración permanente que mantiene Washington contra los movimientos revolucionarios en América Latina.


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